Integrantes de la Comisión Especial para conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia en la Mina de Carbón Pasta de Conchos manifestaron su inconformidad con los datos e información que presentó Industrial Minera México (IMMSA), pues no aportaron elementos que permitieran a este grupo de trabajo esclarecer sus dudas respecto a las causas de la explosión del 19 de febrero de 2006.

El presidente de este grupo de trabajo, diputado Yerico Abramo Masso (PRI), manifestó su inconformidad con la información de los representantes de Minera México, pues no lograron comprobar la facturación de polvo inerte, utilizado para evitar explosiones expansivas al interior de una mina.

Armando Ortega, director jurídico; Francisco Manso, director de Minas Subterráneas; Víctor Morales, director de Programas de la Comunidad; Enrique Valverde, director de atención comunitaria y apoyo alas familias de Pasta de Conchos, y Amaranta Guerrero Corrales, gerente de Comunicaciones de la Industria Minera México, fueron incapaces de responder a los cuestionamientos de los legisladores.

“No nos vamos del todo convencidos porque vienen con muy poca información, no quieren dar mucha claridad en cuanto a las observaciones que se les hizo por parte de las autoridades supervisoras en el momento donde se comprueba que hay una máquina de soldar desde 2004, la cual era un material peligroso, al interior de la mina”, afirmó el legislador priísta Abramo Masso.

Del grupo parlamentario del PAN, Jesús Vicente Flores Morfín manifestó su intención de llegar en forma objetiva a las causas de la tragedia en la mina, por lo que cuestionó a los representantes de IMMSA sobre la ventilación, la falta de metranómetros en algunas áreas, el polveo y la aplicación oportuna de las recomendaciones.

Solicitó las actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y se pronunció por establecer mecanismos jurídicos que permitan revisar y supervisar el trabajo en esta industria para asegurar que haya cero accidentes laborales de consecuencias fatales.

En su oportunidad, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), secretario de la comisión especial, explicó que hay mucha diferencia entre la exposición de la minera, en términos de que van a la vanguardia en tecnología, y las versiones de las autoridades.

“Sin duda, no hubo elementos que ellos hubiesen aportado para contribuir al esclarecimiento de esta tragedia”, aseveró.

A su vez, la diputada del PRD, Claudia Cruz Santiago, afirmó que la comparecencia dejó “un mal sabor de boca en el grupo parlamentario del PRD, porque no se está verificando que ellos estén diciendo la verdad”.

“Nos causa mucha molestia que se venga a decir una serie de profundas y graves contradicciones entre lo que la empresa informa a esta Comisión y lo que nosotros hemos verificado”, subrayó.

Agregó que la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila no corresponde con lo dicho por Minera México.

Dijo que en la reunión se plantearon asuntos concernientes a la investigación para dilucidar qué pasó y por qué no hubo una aplicación a las normas oficiales mexicanas; se les solicitaron las bitácoras del 8 de junio de 2005 al 3 de marzo de 2006; las actas de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad y el contrato entre General de UYA e Industrial Minera de México.

En su oportunidad, el diputado Rolando Rivero Rivero (PAN) aclaró que “esta comparecencia no se llevó a cabo con el objeto de lograr un ahorcamiento de los empresarios por esta situación, sino de averiguar las causas que originaron la tragedia”.

Indicó que se han reunido con autoridades locales y federales y se espera contar con algunas autoridades internacionales que “puedan dar todavía más luz de lo que pudo haber pasado en la mina, ya que hasta ahorita no se tienen más que conjeturas”.

En su exposición ante este grupo de trabajo los representantes de Industrial Minera México señalaron que la empresa ha invertido 292 millones de pesos en los trabajos de rescate de los cuerpos de los 65 mineros fallecidos en la explosión del 19 de febrero de 2006.

Afirmaron que la mina número 8 en Pasta de Conchos era moderna y bien equipada; “la empresa tiene pruebas de que los estándares de seguridad en ella se respetaban”. No obstante, reiteraron su compromiso por colaborar con las autoridades para esclarecer las causas del accidente y manifestaron que esta empresa es la principal interesada en conocer el origen de esta tragedia.

Asimismo, indicaron que la mina Pasta de Conchos permanecerá abierta exclusivamente para rescatar los cuerposy a disposición de las autoridades.

Entre los apoyos a los deudos, explicaron que la empresa otorgó un apoyo extraordinario de 750 mil pesos a cada familia, así como el pago equivalente a tres salarios, las cuales son ayudas complementarias al pago de las pensiones correspondientes por ley, cuyo monto asciende a cerca de seis millones de pesos y que se depositó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Saltillo.

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