La Comisión de Seguridad Pública aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de que los plazos para la prescripción de los delitos cometidos por la delincuencia organizada no se apliquen para quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción.

Lo anterior, por tratarse de delitosde gran impacto social, de gravedad y algunos de carácter transfronterizo,como los cometidos contra la salud, terrorismo, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio, asalto, secuestro, robo de vehículos, tráfico de armas, menores, indocumentados u órganos.

El documento, aprobado en la reunión de trabajo presidida por el diputado Rodrigo Medina de la Cruz (PRI), advierte que la delincuencia organizada ha dejado de ser un problema de carácter nacional para convertirse en internacional y transfronterizo. Añade que dicha ley no ha alcanzado sus objetivos de manera óptima.

La reforma plantea que cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá solicitar a la SHCP que coadyuve, cuando en su comisión se utilicen servicios de instituciones financieras.

La actual ley señala que la SHCP, a solicitud del MP. podrá realizar auditorías a personas físicas o morales cuando existan indicios de que son miembros de la delincuencia organizada. La reforma amplía la hipótesis para quienes participan con las organizaciones criminales en la comisión de alguno de los delitos citados.

Actualiza las menciones al Código Penal Para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y en toda la República, en materia de Fuero Federal, para sustituir este nombre por el de Código Penal Federal, brindando coherencia a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El documento expone que dicha ley en sus diez años de vigencia ha sido un instrumento útil para el órgano que tiene la función de investigar y perseguir los delitos, pero que no ha alcanzado sus objetivos, sobre todo en lo que hace a los alcances de sus mecanismos procesales.

-- ooOoo --