La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trabaja en el dictamen de la iniciativa de reformas al artículo 6º Constitucional, que establece el derecho de acceso a la información pública para la rendición de cuentas, por lo que podría ser sometido a votación en la instancia legislativa la próxima semana.

Así lo informó el presidente de esa comisión, Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), en reunión de trabajo de las comisiones unidas de las Cámaras de Diputados y Senadores, con Alonso Lujambio, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

La reforma al sexto constitucional señala que la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

Añade que será pública la información en posesión de todos los órganos del Estado y de los partidos políticos. Los sujetos obligados deberán tener disponible información completa y actualizada sobre la gestión y el ejercicio de los recursos públicos asignados, además de contar con archivos administrativos actualizados y confiables.

En la reunión, legisladores del PRI y del PRD propusieron ampliar el número desujetos obligados a la información pública.

El diputado Alfredo Ríos Camarena (PRI) señaló que es necesario incluir un esquema de transparencia a las empresas privadas que den servicios públicos y a las iglesias, mientras que el diputado Jaime Espejel Lazcano (PRD) dijo que los sindicatos, por ser entes públicos, deben tener obligación de transparentar sus actos y el uso de recursos.

En tanto, el diputado CésarCamacho Quiroz (PRI)opinó que es necesario analizar con profundidad si la reforma al sexto constitucional incluirá todo lo que es público. En tanto que el senador Pablo Gómez Álvarez (PRD) dijo que la iniciativa ha generado comentarios positivos, pero que es necesario discutir si tiene que ir a todo lo público como sindicatos, bancos, organizaciones patronales, entre otros

Alonso Lujambio dijo que el IFAI apoya el diagnóstico y los contenidos esenciales que conforman la llamada “Iniciativa de Chihuahua”. Dijo que si esta reforma prospera no se podrán sacar ventajas del uso discrecional de la información gubernamental.

Mencionó que la historia del derecho de acceso a la información y de la transparencia es de riesgo, conflicto, amenazas, regresión e inconformidad.

Señaló que la propuesta de los gobernadores es que exista en todos los estados un órgano garante, promotor del uso del derecho y que resuelva controversias en la materia. Asimismo un sistema electrónico de solicitudes de información, como el que actualmente opera en el IFAI, lo cual potenciala rendición de cuentas de los entes públicos.

Indicó que hay tres principios desarrollados en la propuesta de los gobernadores: el de la publicidad como eje de la política de transparencia, sujeto a dos excepciones: la reserva temporal de información pública gubernamental por razones de interés público; y la protección de la vida privada y de los datos personales.

Otro elemento central es la necesidad de contar con archivos administrativos actualizados y confiables, agregó.

Lujambio aseveró que en nuestra democracia lo público es de todos y esto es una apuesta de la reforma, la cual tiende a crear un derecho esencial con coherencia y congruencia.

Por su parte, el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, opinó que el texto constitucional debe garantizar condiciones para entregar información en lugares como la Presidencia de la República, el IFE o el Tribunal Federal Electoral.

Advirtió innecesario clasificar datos personales como confidenciales o establecer que habría reformas temporales, pues la Ley Federal de Transparencia ya lo determina y no debería considerarse en la Constitución, porque genera la posibilidad de sentar ataduras y limitaciones a los solicitantes en el plano nacional.

Consideró que a la propuesta de los mandatarios le falta fijar cuáles son las principales carencias de la ley federal, como la que tiene que ver con la relación entre acceso de información y rendición de cuentas con el problema de inexistencia de documentos. Se debe enfatizar que las distintas instancias gubernamentales estén obligadas a generar documentos que no tienen pero debieran tener.

Finalmente dijo plantear en la Constitución que aquel receptor del dinero del pueblo está obligado a informar sobre su uso y destino, es fundamental.

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