La Comisión de Justicia, que preside el diputado César Camacho Quiróz (PRI), dio a conocer su programa de trabajo, que se enfocarán a los rubros de la justicia constitucional, federalista, penal y fiscal.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, al referirse a la justicia constitucional, detalla que se trabajará en “reformas minuciosas que permitan el buen funcionamiento de las instituciones y una mejor administración e impartición de justicia”.

El sistema de justicia mexicano, se explica, está lejos de satisfacer las necesidades sociales, se ha visto rebasado por la desconfianza en las autoridades y por la ineficiencia de su marco normativo, “lo cual se traduce en corrupción, incertidumbre e impunidad”.

Sobre el ramo federalista, la Comisión concluye que es prioritario realizar reformas al pacto federal para ampliar el ámbito de facultades de los gobiernos locales.

“No hay ciudadanos federales, estatales y municipales, sino gente que quiere que se le sirva correctamente. Es fundamental que se dé un cambio sustancial en el eje de la vida pública y que pasemos a una eficaz, inteligente y armoniosa relación que fortaleza a todos”, se abunda.

En materia de derecho penal, los diputados coincidieron que se carece actualmente de las funciones que legitiman su existencia: la protección de bienes jurídicos, la prevención del delito y la maximización de garantías.

“Es impostergable la revisión del marco jurídico penal para identificar rezagos que están impidiendo la eficacia del sistema penal en México. La procuración, impartición y administración de justicia requieren una actualización responsable del marco jurídico que permita generar una política criminal adecuada y dar respuesta eficaz a las víctimas u ofendidos, procesados o sentenciados”, dice el texto.

Agrega que todos los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de llevar a cabo un cambio del sistema impositivo mexicano, debido a la baja recaudación fiscal existente en México.

“Alcanzar una verdadera reforma integral del sistema tributario mexicano, que permita lograr una mayor recaudación, fomentar la inversión, el ahorro y la creación de nuevos empleos; además de combatir frontalmente la evasión fiscal e instituir un nuevo federalismo fiscal que permita mayores recursos a las entidades”, se aduce.

El documento también refiere la necesidad de perfeccionar el marco jurídico que rige a la transparencia y al acceso a la información pública: “otorgar a los gobernados las herramientas indispensables para llevar a cabo un control social de los órganos del Estado y la posibilidad de evaluar a sus gobernantes”, puntualiza.

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