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Boletín N°. 0719 La Comisión de Hacienda aprueba deducibilidad en el pago de gasolinas en efectivo

La Comisión de Hacienda y Crédito Público acordó con la Secretaría del ramo, las reglas de operación para que los contribuyentes puedan hacer deducible el pago en efectivo por consumo de gasolina del 2006 y este año, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo cual podría ser la próxima semana.

En reunión de trabajo, los integrantes de esa instancia legislativa avalaron la propuesta presentada por el titular de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Julio César Aguilar, quien aseguró que la medida beneficiará a las personas morales y físicas que presentarán en los meses de marzo y abril, respectivamente, su declaración anual.

Aseguró que para ello deberán anexar una declaración informativa donde detallen el consumo de combustible realizado en el 2006 y hacer válido también el de este año.

El diputado Jorge Estefan Chidiac (PRI) explicó que la propuesta obedece al veto presidencial a una reforma, que ahora se destraba con el acuerdo entre los legisladores y la Secretaría de Hacienda, para aplicar de manera retroactiva al 2006 y este año, la deducibilidad a los contribuyentes que hayan pagado el consumo de gasolina en efectivo.

Aseguró que menos del 20 por ciento del consumo de gasolina se paga en efectivo, por lo que la medida beneficiará a los pequeños y medianos contribuyentes.

Aprueban dictamen para tipificar financiamiento al terrorismo

Por otro lado, los integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron por unanimidad el dictamen para tipificar el financiamiento al terrorismo, a fin de evitar que se utilice a México para organizar y financiar este tipo de actos.

En el dictamen, que se presentará al Pleno camaral la próxima semana, se otorgan facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República para rastrear operaciones “sospechosas o relevantes”, cuyos montos deberá establecer dicha dependencia, además podrán completar las acciones administrativas y judiciales para combatir la comisión de ese tipo de delitos.

Con las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, el procurador General de la República o autoridad judicial correspondiente podrán solicitar información al Sistema de Administración Tributaria (SAT), sobre este tipo de operaciones.

La minuta, que reforma ocho ordenamientos en materia fiscal y el Código Penal Federal establece penas de hasta 40 años de cárcel en los casos más graves de terrorismo y se elimina el derecho de fianza a quienes lo cometan.

La propuesta, que fue votada en la pasada legislatura en el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados, reforma diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y el Federal de Procedimientos Penales, donde se incluye el término de “delitos” que se cometan en el extranjero sólo si un tratado vinculatorio para México prevé la obligación de extraditar o juzgar.

Además se aumentan las penas y multas, se crea el tipo penal de financiamiento al terrorismo y se incluyen los conceptos de amenaza y encubrimiento.

Se agrega un capítulo sobre terrorismo internacional y se tipifica éste y su financiamiento.

En tanto, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se incorpora el concepto de terrorismo internacional y en otras leyes se faculta a la autoridad a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u omisiones que pudieran favorecer la comisión de este tipo de atentados.

La reforma obedece a los 12 acuerdos internacionales suscritos por México en esa materia, entre ellos, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe a sus integrantes el financiamiento para actos de terrorismo y que cualquier persona provea fondos a quienes cometan o intenten realizar este tipo de ataques.

Además, según la minuta, México es miembro de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y del Grupo para Fomentar y Desarrollar Políticas para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

Se establece que el régimen jurídico actual ya cuenta con adecuaciones en materia de lavado de dinero a fin de detectar operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas, no obstante, la norma carece de herramientas para prevenir y sancionar ese tipo de delitos.

En la reunión, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), presentó un voto particular del dictamen porque limitaría la actitud pacifista que ha asumido México en el contexto mundial.

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