El Pleno camaral conoció dos dictámenes de primera lectura; el primero, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público busca reformar diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para tipificar los actos terroristas preparados o cometidos en nuestro país.

El objetivo del decreto busca que se penalice de seis a cuarenta años de prisión a quien realice actos en contra de la seguridad nacional, al utilizar sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o cualquier otro medio violento.

También será sancionado quien, de manera directa o indirecta financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en territorio nacional.

Igualmente, será encarcelado quien con objeto de perjudicar o dificultar las comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad y quien difunda o transmita información falsa a fin de perjudicar la seguridad de aeronaves, buques, u otro tipo de vehículo de servicio público federal, con fines terroristas.

Por otra parte, el segundo dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación tiene como propósito eliminar lagunas, aclarar plazos, simplificar notificaciones, complementar disposiciones, modificar términos y resolver contradicciones entre diversos artículos de la Ley de Concursos Mercantiles.

Con ello se facultará al Instituto Federal de Especialistas Mercantiles, área auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, para fungir como consultor del visitador, del conciliador y el síndico y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales, pero sin que estas consultas sean vinculatorias.

Asimismo, se propone que el convenio suscrito entre el comerciante y sus acreedores pueda realizarse en cualquier momento del concurso mercantil, incluyendo la etapa de quiebra y no sólo en caso de darse la conciliación, como señala la Ley actualmente.

De igual forma, se propone reformar el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de que las personas morales sujetas a concurso mercantil puedan celebrar contratos y presentar propuestas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, hasta en tanto no sea declarada su quiebra.

Permisos a ciudadanos

El Pleno aprobó, por 384 votos, permisos constitucionales para que María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa, y Claudia Azucena Tabares Juárez, Jaime Pérez Rincón, Candelario Ramos Ocampo, Judith Monroy Ramírez y Román González Pedroza, presten servicios en los consulados de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco, y Tijuana, Baja California, respectivamente.

Excitativas

La presidencia de la Mesa Directiva remitió excitativas a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para que dictaminen la iniciativa de reforma al artículo 6o. Constitucional, a fin de que el Estado garantice el secreto profesional, así como reformas en materia electoral, propuestas por los diputados panistas Gerardo Priego Tapia y Francisco Antonio Fraile García, respectivamente.

También remitió al Senado solicitud del diputado Humberto López Lena Cruz, de Convergencia, para que resuelva iniciativa sobre despenalización de los delitos de difamación y calumnias en el ejercicio periodístico.

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