Diputados del PRD, PRI, PVEM y Convergencia firmaron un punto de acuerdo, que será presentado en la próxima sesión ordinaria, a través del cual proponen la integración de una Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

El objeto de la Comisión, señala el documento elaborado por el diputado perredistaAdrián Pedrozo Castillo, es analizar si han cumplido con el derecho a la vivienda para los trabajadores, en el marco de los cambios que en los últimos años ha tenido la legislación correspondiente.

Esta Comisión, argumenta, investigará las causas por las que la vivienda para los trabajadores se han encarecido, toda vez que sus precios han quedado al libre juego del mercado, lo que atenta contra este derecho.

Al respecto, el legislador explicó que el Infonavit ha dejado de cumplir con el objeto social por el cual fue creado, configurándose en un organismo gestor de poderosos consorcios inmobiliarios que determinan la orientación de los programas del fondo de los trabajadores.

En el caso del Fovissste, dijo, su marco jurídico lo ha obligado a permanecer dependiente del ISSSTE, situación que impide la conformación de una estructura orgánica que procese decisiones con autonomía técnica, administrativa y financiera para beneficiar a los burócratas en la adquisición de créditos hipotecarios.

Por tal motivo, añadió, es necesario modernizar esta institución mediante reformas que contribuyan a cambiar su naturaleza y dejar de ser un organismo dependiente del ISSSTE.

“Debe erigirse en una institución con autonomía técnica, administrativa y financiera que cumpla con el mandato constitucional que inspiró su creación, superando también la subordinación que tiene respecto a los consorcios inmobiliarios y constructores que han distorsionado la política y los programas habitacionales respectivos”, subrayó.

Pedrozo Castillo mencionó que tanto el Infonavit como el Fovissste no han acatado lo establecido en la Ley de Vivienda y el Plan Nacional de Desarrollo, limitándose principalmente a financiar la adquisición de viviendas producidas por empresas como Sare, Geo, Homex, Consorcio Hogar, Ara, Urbi y Demet, entre otras, que ejercen un control del mercado habitacional.

Dijo que en la industria de la construcción, la comercialización y compra-venta de viviendas, así como el financiamiento, tanto Infonavit como Fovissste han modificado radicalmente sus estructuras, organización, funcionamiento y operación, para dar cabida al sector privado que participa a través de dos mecanismos.

El primero, mediante la bursatilización de cartera, la cual en el caso de Infonavit representa aproximadamente 450 mil millones de pesos mediante los Certificados de Vivienda (Cedevis) y segundo, por el cofinanciamiento y el Apoyo Infonavit que tampoco han dado resultados favorables a los trabajadores.

Aseguró que el rezago habitacional, según datos del propio gobierno federal, era, en el 2000, de más de 4.2 millones de viviendas, mismo que aumentó durante el sexenio anterior en 2.5 millones.

“Esto significa que actualmente el déficit es mayor a 6.8 millones de viviendas. Pero la situación es peor en las regiones más pobres y subdesarrolladas, donde cerca de la mitad de los hogares están excluidos del sistema de seguridad social y no tienen acceso a los programas de Infonavit y Fovissste, según datos de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)”.

Pero además, advirtió, la mayor parte de los trabajadores perciben bajos salarios. En el caso de Infonavit 75 por ciento de los derechohabientes gana menos de cuatro salarios mínimos y sistemáticamente han sido excluidos de los "novedosos" paquetes financieros sugeridos por el Banco Mundial.

Concluyó que la comisión propuesta en el punto de acuerdo deberá estudiar la problemática actual, elaborando propuestas para reformar la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE en lo relativo al Fovissste y la Ley de Vivienda a fin de garantizar ese derecho a los trabajadores como lo establece la Carta Magna.

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