A fin de evitar que el gobierno federal invierta dinero público en otro “rescate carretero” como el de 1997 y obligar a que los empresarios asuman los riesgos de sus concesiones en autopistas, el diputado Humberto Vela González (PT) presentó una iniciativa que deroga la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal.

Sanear las carreteras le costó a México 18 mil 800 millones de pesos en un principio; durante 10 años la deuda por ese concepto se incrementó a una tasa anual de 80 por ciento, llegando a los 160 mil millones de pesos, indicó.

Con esta reforma desaparecería la figura de rescate de las causas de revocación y terminación de concesiones; “ésta sólo promueve corrupción y se vuelve un recurso para que los empresarios se deslinden de su irresponsabilidad en el manejo de sus permisos” argumentó el diputado.

“Si lo que el gobierno realmente quiere es incrementar y fomentar el desarrollo carretero, no debe reconcecionar las autopistas, sino permitir la inversión de la iniciativa privada en la construcción de nuevas carreteras”, señaló.

Vela González explicó que el Proyecto de Rescate Carretero, publicado el 27 de agosto de 1997 en el Diario Oficial, menciona que las empresas concesionadas no contaban con recursos para dar mantenimientodebido al escaso aforo vehicular y que, por lo tanto, era responsabilidad del Estado hacerse cargo de su administración.

Ante esa situación, dijo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998 se asignó para el rescate un monto por 18 mil 800 millones de pesos; en 10 años la deuda llegó a los 160 mil millones de pesos.

La lógica del gobierno, manifestó, es que como ya se sanearon las finanzas de las autopistas y se incrementó el aforo vehicular, las carreteras se volvieron rentables, por lo que las regresarán a la iniciativa privada: Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Triturados Basálticos (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD); mismas que fueron las beneficiadas del rescate.

Además, el diputado reiteró a la Junta de Coordinación Política su propuesta de crear una Comisión Especial Antimonopolio que evitaría este tipo de situaciones ya que la política de concesionamientos y privatización del gobierno fomenta la concentración y el control de áreas estratégicas de la economía nacional, comentó.

El “rescate carretero”, advirtió, es una de las muchas historias que se repiten constantemente en todas las empresas concesionadas que, además de ser caras, ineficientes y de baja calidad en el servicio, trabajan con el beneplácito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

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