Las comisiones de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y del Senado trabajan conjuntamente para establecer una ruta crítica que permita aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia de Juicios Orales y Debido Proceso Legal.

Lo anterior lo indicó la diputada Patricia Castillo Romero (Convergencia), presidenta de la subcomisión de Seguridad y Justicia de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante una reunión donde se revisó el cronograma propuesto por el Senado, en el que se prevé que la aprobación de la iniciativa será en noviembre de este año.

El diputado César Camacho Quiroz (PRI), proponente de la iniciativa, señaló que los tiempos sugeridos por la colegisladora “están muy lejos; la discusión no puede ser rápida porque es necesario revisar y modificar demasiadas leyes, aunque tampoco podemos esperar nueve meses, la gente quiere ver resultados ya”.

En ese tenor, el diputado Felipe Borrego Estrada (PAN) indicó a sus compañeros que no puede ser el Senado quien establezca los tiempos, “la iniciativa la tenemos nosotros y debemos trabajar a nuestro ritmo, que la colegisladora, con todo respeto, sea la que nos siga el paso”.

La iniciativa en cuestión modifica los artículos 14 y del 16 al 21 constitucionales; sólo los cambios al 20 proponen una reforma integral para incorporar las bases del proceso legal que permitan los juicios orales tanto en el ámbito federal como local.

La iniciativa propone establecer en el primer párrafo del artículo 20 que el proceso penal se caracteriza como acusatorio, adversarial y oral. Para que no existan dudas sobre su significado, el Congreso de la Unión emitirá, en un plazo máximo de un año, la "Ley del Debido Proceso Legal", en la cual se detallará este concepto.

También se incorpora la fracción IV al artículo antes citado que obliga a rendir y desahogar todas las pruebas ante el juez; del mismo modo, supone que las sentencias serán realizadas a la vista de todas las partes interesadas.

Con las modificaciones se incorpora el principio de la nulidad de la prueba ilícita. Consiste en impedir que una prueba obtenida ilegalmente sea presentada en juicio y tomada en cuenta en la sentencia. Su propósito es evitar que una violación legal para obtener una prueba pueda tener como resultado mediato la condena de una persona.

El juez, se establece, deberá estar presente en todas las audiencias, de forma que pueda tomar conocimiento directo de lo que aporten las partes y de esa manera se allegue los elementos necesarios para emitir su sentencia. Su ausencia daría lugar a la nulidad de las sesiones.

El diputado César Camacho retomó la iniciativa de los trabajos presentados por la "Red Nacional a favor de los Juicios Orales y debido Proceso Legal" ante las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales en diciembre de 2006.

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