El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández responsabilizó a las autoridades federales y de Oaxaca por las violaciones a los derechos de los detenidos en el conflicto magisterial de la entidad, detenciones arbitrarias e ilegales, afectaciones a la integridad física, tortura, dilación e irregularidades en la procuración de justicia y uso excesivo de la fuerza.

Durante la presentación del informe correspondiente a las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, la diputada Omeheira López Reyna (PAN) se comprometió a hacer un riguroso análisis del informe e impulsar de manera conjunta con el Senado acuerdos en materia de derechos humanos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión homóloga en la Cámara Alta, Rosario Ibarra de Piedra (PRD) calificó como una vergüenza lo ocurrido en Oaxaca, por ello, “los legisladores debemos trabajar por enmendar la serie de violaciones que se dan en todo el país”.

En su informe, Soberanes Fernández aseguró que durante el conflicto fallecieron 20 personas, de las cuales 11 perdieron la vida en situaciones relacionadas de manera directa con los hechos y 9 de forma indirecta, además de que 366 fueron detenidas, 381 resultaron lesionadas y hasta el momento otras 56 están presas.

El ombudsman dijo que se destaca la incapacidad de las autoridades para atender y dar solución a la situación en la entidad, lo cual, dijo, produjo vacíos de poder.

Aseguró que autoridades y servidores públicos de las Policías Preventiva y Ministerial de Oaxaca, así como la PFP transgredieron el derecho a la libertad por detención arbitraria y retención ilegal.

Además, agregó, se excedieron en el uso de la fuerza pública al momento de aprehender a varias personas, incluso, aquellas ajenas a la manifestación, en agravio de sus derechos fundamentales.

Se impidió, dijo, el libre ejercicio de las actividades de comunicadores como los atentados a instalaciones de Radio Universidad y la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will y de defensores de derechos humanos, quienes fueron objeto de amenazas, persecución, intimidación, agresiones físicas y difamación.

El ombusdaman explicó que a partir del desalojo de los integrantes de la Sección XXII del SNTE por elementos de la Policía Federal Preventiva, 104 personas resultaron heridas y otras 10 detenidas.

Se suscitaron, dijo, enfrentamientos entre elementos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y cuerpos policíacos, donde falleció el señor Alberto Jorge López Bernal por el impacto de un contenedor de gas lacrimógeno; hubo otro número importante de lesionados y 24 detenidos.

Soberanes Fernández consideró que la intervención de la fuerza pública debe estar sometida a límites precisos y sólo puede realizarse en el marco de la legalidad y respeto de los derechos de las personas, toda vez que cuando rebasa sus atribuciones y límites se convierte en un factor de violencia y agrava la situación en lugar de resolverla.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN) coincidió con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en que hubo una actuación tardía y desdeñosa.

“Me parece que se cometieron muchos errores en el ejercicio gubernamental y hubo una gran distancia y lejanía en el ejercicio del gobierno federal por conducto de las autoridades competentes, que se combinó con un explosivo coctel que formaron los integrantes de la APPO que radicalizaron y maximizaron sus posición”.

Dijo que José Luis Soberanes ratifica la amplia información que había en torno al desarrollo del problema y sus consecuencias, en materia de violación de las garantías individuales de muchos ciudadanos oaxaqueños.

Subrayó que lo importante es que estos hechos no queden impunes y que las autoridades de procuración de justicia actúen con toda severidad y rigor. “Que se dejen impunes a los culpables de estos homicidios y violación de garantías individuales es el mejor aliciente para que se repitan”, advirtió.

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