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Boletín N°. 0903 Incrementar el presupuesto a ciencia y tecnología, reto de la Comisión del ramo

GUANAJUATO, GTO.- Ante los escasos resultados en materia de inversión para la investigación, innovación y formación de recursos humanos, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Silvia Luna Rodríguez, propuso revisar y evaluar a los órganos encargados de aplicar la ley toda vez que no se cumple con lo establecido para destinar el 1 por ciento del PIB a este rubro.

Durante el segundo día del foro nacional: Educar para la Ciencia y la Tecnología, la legisladora indicó que no es problema de la ley el que no exista un mayor financiamiento en ciencia y tecnología, ya que el artículo 9 bis de la misma, establece con claridad la obligación del gobierno federal, los gobiernos de los estados y municipios a concurrir al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico con un monto que no sea menor al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, subrayó, “es una disposición que no se cumple hasta el momento” y añadió que es notable también el escaso nivel de inversión privada, comparándolo con otros países llamados emergentes.

“Y aún reconociendo que la participación privada en Investigación y Desarrollo Experimental en México se ha incrementado gracias a los estímulos fiscales, su proporción en la inversión total es baja y representa apenas el 33 por ciento”.

Explicó que si se considera que en países como Japón, el sector productivo financia 73 por ciento del total, en Corea 72 por ciento, en EUA 67 por ciento, en España 47 por ciento y en Brasil 38 por ciento, México tiene mucho que hacer en este rubro.

En este sentido, insistió que lo urgente es revisar qué está fallando en las instituciones y en las políticas públicas y de manera simultánea, analizar las propuestas sobre lo que no funciona de la Ley de Ciencia y Tecnología para buscar su reforma.

Además, con una revisión a los métodos y criterios que regulan los estímulos fiscales, para el sector privado, con apoyos especiales a las PYMES y sobre todo que no existan topes en estos apoyos y que se cumpla con la obligación de coordinar los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, para dar coherencia a un modelo de alcance nacional.

Propuso de igual forma hacer de la transparencia uno de sus ejes rectores, pues es necesario que en una área tan importante para el país, tengamos claridad sobre la forma en que se usan los recursos, en que proyectos, bajo que criterios y con que objetivos.

“Revisar los instrumentos jurídicos, que les permitan a losCentros Públicos de Investigación, abrir más opciones de vinculación con el sector productivo, y así, puedan allegarse más recursos y llevar en beneficio de la sociedad los resultados de sus investigaciones”.

Ante esta problemática, dijo, los legisladores tienen una enorme responsabilidad, “pues en medio de una agenda pública dominada por asuntos de coyuntura, debemos colocar a la ciencia y la tecnología como una de las prioridades de la nación”.

En su oportunidad, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos coincidió en la necesidad de alcanzar las metas propuestas para educación y ciencia y tecnología que van del 8 y 1 por ciento del PIB respectivamente.

Al hablar sobre el tema de la formación de recursos humanos de alto nivel como el postgrado, el legislador mencionó que nuestro sistema de educación superior aún tiene características del sistema capitalista tradicional, es decir, un sistema que reproduce y distribuye el conocimiento, mas que generarlo a través de la ciencia y la innovación sistemática.

“Nuestro sistema aun no cuenta con una política de Estado integral, en términos de financiamiento, calidad y pertinencia académica”, sostuvo.

En este sentido, añadió, uno de cada cien estudiantes de educación superior logra un doctorado en tanto que 9 concluyen una maestría o especialidad.

Por su parte, Manuel Razo Moreno, vicepresidente nacional del Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, acusó que la burocracia institucional impide que los grupos empresariales inviertan en el campo tecnológico.

De igual forma, dijo, es una limitante para impulsar la investigación científica, algo en lo que coincidió Leonardo Ríos, responsable de la dirección tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

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