Al suscribir un convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, el diputado Jorge Zermeño Infante, presidente de la Mesa Directiva, aseguró que la LX legislatura ha dejado en claro su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; es una tarea que nos preocupa y nos ocupa.

En el evento, donde estuvieron los titulares de la dependencia y del órgano de fiscalización, Germán Martínez Cázares y Arturo González de Aragón, respectivamente, el líder camaral dijo que la firma del acuerdo establece mecanismos de coordinación y colaboración técnica que permitirá el intercambio de información y mayor cobertura del impacto de la fiscalización de organismos públicos.

Se podrán establecer indicadores estratégicos de gestión, de servicios y cobertura de la administración pública, mediante normas, procedimientos, sistemas de contabilidad y archivo de libros y documentos comprobatorios del ingreso, el patrimonio y gasto público, aseveró.

Zermeño Infante destacó que con esos objetivos se fomentará una cultura de la legalidad y la rendición de cuentas.” En la medida que tengamos más elementos e instrumentos es como podremos tener mejor informada a la sociedad”, concluyó.

Por su parte, el secretario de la Función Pública aseguró que la dependencia a su cargo celebra la creación de comisiones encargadas de investigar el daño ecológico y social generado por PEMEX, sobre los contratos públicos otorgados a la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V., y el programa de modernización de aduanas.

La SFP, agregó, ejercerá las atribuciones legales para aclarar el origen y destino de fondos públicos del ejercicio fiscal del 2005, cuyo informe será presentado esta semana por la ASF. No habrá pretexto o reparo para atender los llamados del auditor, afirmó.

Indicó que, hasta el 28 de febrero, las dependencias y entidades solventaron 17 mil 144 acciones, un avance de 97.5 por ciento del total de las observaciones de la ASF en las revisión de las cuentas públicas de 1999-2004 y del Informe de Avance de Gestión Financiera de 2005; quedan pendientes 2.5 recomendaciones.

Por otro lado, Martínez Cázares comentó que el convenio aporta instrumentos esenciales operativos al ciclo presupuestal y refleja el reto común de que los procesos de control interno, externo y político no representen obstáculos a las ejecuciones de programas, sino que orienten decisiones presupuestarias futuras.

En tanto, el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, destacó que el acuerdo incorpora la revisión de áreas de opacidad y riesgo como la eficiencia recaudatoria del Estado, los fideicomisos, fondos y contratos análogos, la educación pública, pensiones y jubilaciones, recursos federales a estados, municipios y a procesos electorales, Pidiregas, remuneraciones a funcionarios y preservación del ambiente.

Dijo que según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2006 y del Barómetro Latinoamericano, el 15 por ciento de los mexicanos piensa que se le da un manejo adecuado a los impuestos, el 77 por ciento cree que los servidores públicos son corruptos y el 27 por ciento tiene confianza en la clase política.

Transparencia Internacional, afirmó, califica a México con el 3.3 en una escala de 1 a 10 en el índice de corrupción, la cual, junto con la impunidad, han generado riquezas prontas e inexplicables.

Demandó la posibilidad de llamar a cuentas a los gobernantes, como condición necesaria de la democracia. Para ello, urgió a construir acuerdos que consoliden un sistema nacional de la rendición de cuentas basado en la transparencia y fiscalización de la gestión del gobierno y del uso de recursos públicos.

En el evento también participaron los presidentes de las Comisiones unidas de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Benjamín González Roaro (PAN) y Antonio Ortega Martínez (PRD), respectivamente.

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