A fin de fortalecer al Estado en su lucha contra la delincuencia, la Cámara de Diputados analiza la creación de la figura de “Extinción de Domino de los Bienes del Crimen Organizado”, herramienta jurídica que permitiría decomisar propiedades muebles e inmuebles provenientes de actos ilícitos, sin tener que pagar compensación de naturaleza alguna a su titular.

El diputado Rodrigo Medina de la Cruz (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que el crimen organizado no sólo se le debe combatir con operativos, armas y presencia represiva, sino con instrumentos preventivos de salud, educación, empleo, desarrollo social y, sobre todo, atacando su estructura financiera, esa es la importancia de la figura de extinción de dominio, dijo.

“Sería una herramienta que atacaría la infraestructura de la delincuencia, y pondría sus pertenencias al servicio de la comunidad”. Sin embargo, advirtió, el problema no radica en la actual legislación, sino en su ejecución por parte de las autoridades correspondientes.

En tanto, el diputado César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, señaló que el Poder Legislativo está obligado a dotar al Estado de instrumentos eficaces para combatir la delincuencia organizada y evitar que recurran a la expropiación ya que es jurídicamente deficiente, explicó.

Con esta figura, manifestó, se combatiría a la delincuencia en su columna vertebral, es decir, en su infraestructura y financiamiento; además se evitaría críticas sobre si las acciones son o no legales, como en el caso de la expropiación de predios en Tepito e Iztapalapa, argumentó.

Durante el Foro Sobre la Extinción de dominio de los Bienes Propiedad del Crimen Organizado y su Aplicación en México, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Javier González Garza, aseguró que las propiedades que están siendo utilizadas por el crimen organizado deben ser decomisadas, “no importa de quien sean porque se trata de un ataque a la sociedad”.

Las expropiaciones en el DF pueden ser muy cuestionadas, pero es importante que el Legislativo proporcione herramientas al Estado y a la sociedad para enfrentar a uno de los más grandes problemas de México, acotó.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario de PRI, Emilio Gamboa Patrón, planteó que para terminar con la incertidumbre de la sociedad sobre los recursos que se obtendrían por la aplicación de la figura de extinción de dominio, debe transparentarse todo el proceso, desde su realización hasta el destino y la aplicación del dinero.

Asimismo, informó que ésta es sólo una de las reformas que analizará la Cámara de Diputados en relación con el tema de Seguridad Pública; otras serán los juicios orales, la renovación de las estructuras policiacas y profesionalización de los mandos, la autonomía del Ministerio Público y la creación de la figura de Juez Calificador.

El Secretario de Seguridad Pública de DF, Joel Ortega, afirmó que no existen instrumentos jurídicos idóneos que permitan combatir a la delincuencia organizada de manera efectiva, ante ello solicitó al Poder Legislativo que realicen adecuaciones normativas para dotarlos de recursos que les permitan mejorar su trabajo.

La extinción de bienes, aseveró, impediría que los delincuentes disfruten de los beneficios económicos que les deja la actividad ilícita porque se atacaría su columna vertebral, sus finanzas; sobre todo porque se evitaría que el Estado pague compensación de naturaleza alguna por el decomiso de las propiedades, como sucede en el caso de la expropiación.

Enfatizó que la extinción de dominio sería un mecanismo alterno a la expropiación que permitiría dislocar la infraestructura del crimen, atacando su financiamiento y, al mismo tiempo, poniendo a servicio de la sociedad las propiedades o el dinero decomisado.

Las situaciones en las que se aplicaría esta figura, explicó, es en los casos en que exista un incremento patrimonial injustificado en cualquier tiempo sin que se demuestre el origen lícito del mismo o cuando los bienes provengan de o se utilicen para acciones ilícitas.

“Que no por la falta de un marco legislativo adecuado el crimen esté burlando a la autoridad y a la ley”, subrayó.

También participaron en el foro el licenciado Jesús Espigares Mora, agregado del ministro del interior de la embajada de España y el doctor Gustavo de Greiff Restrejo, ex fiscal general de Colombia, quienes explicaron la situación de sus países en el tema de la extinción de bienes.

Además de la doctora María Eloísa Quintero, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

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