El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005, es un paso hacia la consolidación de un esquema de fiscalización superior que promueve y garantiza el buen desempeño de programas, el uso eficiente de recursos y fortalece el principio de rendición de cuentas, aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Zermeño Infante.

Lo anterior, durante la entrega-recepción del informe presentado por el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien aseguró que las observaciones a la cuenta pública 2005 ascienden a 26 mil 342 millones de pesos.

En el evento, donde estuvieron los coordinadores del PRD, PRI y Convergencia, Javier González Garza, Emilio Gamboa Patrón y Alejandro Chanona Burguete, respectivamente, el diputado Zermeño Infante dijo que la transparencia y la rendición de cuentas son y serán banderas de la LX Legislatura y factores que fortalezcan los canales entre la sociedad y gobierno.

Ello, precisó, propiciará una mejor calidad en la gestión de acciones que darán mayor efectividad a la política y el gobierno, en el cumplimiento de sus objetivos y el impacto de programas.

Luego de asegurar que el informe se turnará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoció la labor de la ASF en la rendición de cuentas porque permite a los legisladores hacer una revisión y aprobación de las cuentas públicas, en cumplimiento a la ley que establece la facultad exclusiva de este órgano legislativo en la materia.

Al presentar el informe, el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, destacó que se realizaron 627 auditorías a diferentes organismos públicos, donde se detectaron inconsistencias por un monto de 26 mil 342 millones de pesos.

La cifra, precisó, no necesariamente constituye resarcimientos ni daños patrimoniales al erario, tampoco fincamiento de responsabilidad administrativas sancionatorias.

No obstante, aclaró que los entes fiscalizados tienen un lapso de 45 días hábiles, para presentar información y documentación necesarias para solventar dichas acciones, de lo contrario, se procederá al fincamiento de responsabilidades, sanciones resarcitorias o denuncias que procedan en cada caso.

De las 627 auditorías, dijo, 51 son de desempeño, 522 de regularidad y cumplimiento financiero, 44 especiales, 9 de seguimiento y una de revisión de situación excepcional.

Se revisaron, agregó, 143 entes públicos: 2 órganos del Poder Legislativo, 1 del Judicial y 19 de dependencias del Ejecutivo Federal, 54 a entidades paraestatales coordinadas y 7 no coordinadas sectorialmente, 18 órganos desconcentrados y 3 autónomos, 7 universidades públicas y aportaciones federales transferidas a 32 estados, incluyendo al Gobierno del Distrito Federal.

González de Aragón aseguró que de los 26 mil 342 millones de pesos, corresponden a observaciones al sector Energía, Hacienda y Crédito Público, Salud, entidades federativas, municipiosy delegaciones del Distrito Federal, Educación Pública e instituciones públicas de educación superior, Comunicaciones y Transportes.

También al sector de Agricultura, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Presidencia de la República, Gobernación, Reforma Agraria, órganos autómos, Marina y el Poder Judicial.

Se realizaron, afirmó, evaluaciones a los principales regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales, la fiscalización del registro y control de los donativos otorgados por el sector público y los procesos de liquidación de Banrural, Financiera Nacional Azucarera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, así como a fideicomisos, fondos y contratos análogos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez (PRD) aseguro que la instancia que dirige realizará el proceso de análisis del informe presentado, de tal manera que la Cámara tenga una visión más clara, amplia y detallada de los resultados de la revisión de la cuenta pública.

Aseguró que la revisión y fiscalización superior constituyen los principales instrumentos para hacer efectiva la rendición de cuentas de los poderes públicos, cuyo proceso se deber realizar de acuerdo a los principios de imparcialidad, legalidad, oportunidad, confidencialidad, anualidad y profesionalismo.

La Comisión, dijo, estará atenta al proceso de solventación de las observaciones realizadas por la ASF. Debemos, dijo, terminar con todo proceso de simulación y sepultar las prácticas de “complicidad” del poder político del antiguo régimen.

La vigilancia, agregó, no implica una confrontación estéril, sino comprobar que en su actuación se rige con las normas y procedimientos acordados. “El proceso de revisión debe trascender más allá del escándalo y la reyerta sin sentido, sino la elaboración de observaciones y conclusiones que permitan el fortalecimiento real de la fiscalización”, afirmó.

El proceso de revisión, aseguró, será abierto y se constituirán 4 mesas de trabajo temáticas entre legisladores y funcionarios de la ASF y de los entes auditados, a fin de valorar los resultados de las auditorías y el desempeño de sectores, dependencias y entidades.

También, explicó, se realizará una reunión de evaluación de la ASF, una mesa final de conclusiones, la presentación a la ASF de las observaciones que se desprendan del análisis y la elaboración y publicación de una memoria del trabajo realizado.

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