El grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina propondrá elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a participar con igualdad de oportunidades en la vida política y que los partidos garanticen una mayor inclusión mediante su postulación como presidentas municipales, regidoras y síndicas.

En la iniciativa, la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez plantea que México ocupa el último lugar en Latinoamérica en cuanto a la representación femenina en el ámbito municipal, lo que constituye un estancamiento y grave problema del proceso de la alternancia, al contar con una mínima representación de mujeres en cargos de elección popular.

Señala que de los dos mil 438 municipios que actualmente hay en el país, sólo 88 son representados por mujeres, es decir 3.6 por ciento desde hace 20 años y que para el año 2003, sólo el 6.8 por ciento de los puestos de síndicos y el 15.9 por ciento de las regidurías estaban representados por mujeres.

Además, explica, el bajo número de presidentas municipales habla de la situación de aislamiento y marginalidad en la mayor parte de los estados. “Para febrero de 2004 en 13 estados de la República, 41.9 por ciento de las 31 entidades, no había una sola presidenta municipal”.

Dijo que en 18 estados había 86 presidentas municipales: 15 en Veracruz, 11 en Yucatán y Oaxaca; 10 en el Estado de México; seis en Jalisco y cuatro en Hidalgo. En tanto, San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo León y Puebla contaban con tres cada uno y Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango y Guerrero, sólo dos. Nayarit y Querétaro, una.”

Por lo que se refiere a la inclusión de funcionarias gubernamentales, indica que son escasas las áreas de administración municipal ocupadas por mujeres y se concentra en ciertas áreas consideradas “propias de su condición”.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria puntualiza que para 2004 las mujeres ocupaban el 29 por ciento de las áreas de participación social; 23 por ciento en la unidad de personal; 17 por ciento en el cargo de tesorero municipal, 15 por ciento de los secretarios, 13 por ciento de los contralores, 12 por ciento de los responsables de la unidad de evaluación y 11 por ciento de quienes se desempeñaban en el cargo de oficial mayor.

Advierte que no obstante la importancia de la participación femenina en la vida social y política del país, sigue siendo un problema su acceso a cargos públicos y a espacios de toma de decisiones, “por resistencias primitivas contra los derechos políticos de las mujeres que ahí se encuentran”.

Observa que formar parte del ayuntamiento o grupo de funcionarios de la administración municipal no debe ser unfenómeno inusual y marginal, pues el acceso a espacios de toma de decisiones en gobiernos municipales es un reto para la igualdad de oportunidades.

Aunado a lo anterior, informa que las barreras que impiden a las mujeres acceder al poder no se encuentran en el electorado, sino en los partidos políticos y en las estructuras institucionales. “La opinión pública favorece a las mujeres, y aún así son postuladas por sus partidos en menor proporción”.

Por ello, considera la necesidad de incorporar procesos incluyentes, participativos, individuales y colectivos; construir alianzas; promover y fortalecer la formación de redes sociales; generar sistemas de información diferenciados para el análisis de género; así como mejorar los sistemas de evaluación de la gestión y transparencia, utilizando instrumentos de rendición de cuentas que permitan mostrar las decisiones y acciones de equidad de género.

Así como implementar acciones positivas concretas yhasta planes de igualdad de oportunidades, para aumentar su participación en las instancias de gobierno y revertir esta situación.

La reforma al artículo 41 de la Carta Magna plantea que los partidos políticos deberán promover y garantizar, conforme a la ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida política del país, a través de las postulaciones que realicen tanto para las candidaturas de diputados y senadores, como para las de presidentes municipales, regidores y síndicos.

En tanto, la modificación al artículo 38, inciso s) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, propone establecer como obligación de los partidos garantizar la participación de las mujeres en puestos de elección popular tanto de las candidaturas a diputados y senadores, como las de presidentes municipales, regidores y síndicos, en donde en ningún caso se incluirán más del 70 por ciento de candidaturas propietarios de un mismo género.

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