Con el propósito de ampliar las facultades investigadoras del Ministerio Público a las corporaciones de seguridad municipales y estatales, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI) presentó una iniciativa que modifica el artículo 21° de la Carta Magna.

Vargas Landeros manifiesta que, en el caso particular de las policías preventivas municipales, estas corporaciones tienen contacto diario con la población y, por consiguiente, información de posibles delitos antes de que exista una denuncia o querella ante las autoridades ministeriales.

“Sin embargo, no pueden denunciar porque no tienen los conocimientos suficientes para identificar el ilícito o, simplemente, porque están impedidos por ley para realizar acciones de investigación y rastrear indicios”, afirma el legislador.

De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, citado por el diputado, la situación de rezago en los ministerios públicos es alarmante: “en un año se cometieron más de 11 millones 810 mil 377 delitos, de los cuales las autoridades reconocieron solamente un millón 403 mil 425”.

Agregó que las procuradurías registran poco más de un delito por cada ocho que se cometen y que sólo se inicia averiguación previa en el 20 por ciento de los casos.

A nivel nacional, añade, sólo se inician dos averiguaciones previas por cada diez delitos.El 88 por ciento no quedan registrados en la estadística oficial, según señala la exposición de motivos de la iniciativa.

El legislador del PRI asegura que para terminar con la saturación de los órganos ministeriales, por la falta de coordinación y la falta de profesionalización, las facultades investigadoras de las policías deben ser más dinámicas y flexibles; dijo que se requiere la seguridad pública “inicie en el nivel municipal, transite al nivel estatal y se amalgame en el nivel federal”.

Cabe señalar que existen casi 400 mil servidores públicos que trabajan en áreas relacionadas con la seguridad pública y la procuración de justicia, en los tres órdenes de gobierno.

Mismos que se distribuyen de la siguiente forma: más de 169 mil elementos son de policías preventivas estatales; 130 mil 609 de las preventivas municipales; son 15 mil 261 agentes de la PFP; más de 27 mil de la policía judicial o ministerial.

Además son 15 mil agentes del Ministerio Público y peritos; 9 mil 769 agentes federales de investigación; 28 mil 947 custodios estatales y municipales; y más de mil trabajan como custodios federales.

La redacción del nuevo artículo 21 constitucional buscaría fortalecer la capacidad de despliegue del Ministerio Público y especializar a la policía en labores de investigación.

Para esto contará con personal técnico especializado en actividades de investigación en cada Estado y en cada municipio, quienes tendrán el deber de recibir denuncias, recabar datos, evidencias e identificar personas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y eventual dictamen.

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