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Boletín N°. 0998 Base de datos nacional sobre autos robados y recuperados limitaría este delito: Silvia Oliva Fragoso

La Cámara de Diputados analizará una propuesta para modificar la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el objetivo es tener un control a nivel nacional de vehículos robados y recuperados a fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las personas que van a adquirir un auto usado.

Lo anterior debido a que el robo de autos se ha consolidado en los últimos años como uno de los negocios más lucrativos de las redes criminales organizadas, comparado con el narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, argumentó la proponente, diputada Silvia Oliva Fragoso (PRD).

Explicó que la adición de un artículo 46 Bis a la mencionada ley establecería la obligación de las autoridades correspondientes de contar con una base de datos sobre vehículos robados y recuperados en todos los estados que contenga la siguiente información:

Números de serie y motor, modelo, marca, placas, nombre del propietario, número de averiguación previa, lugar y fecha donde fue robado el vehículo y, en su caso, donde fue recuperado.

Asimismo, indicó que los estados deberán celebrar convenios para que, a través de sus autoridades competentes, expidan, a petición de la parte interesada, un certificado de no registro de robo, que deberá contener información referente al vehículo y tendrá validez en todo México.

La propuesta de la diputada también incluye la modificación al artículo 11 de la Ley del Registro Público Vehicular; de esta manera, cualquier persona, por medios electrónicos, podrá consultar la información contenida en el registro sin necesidad de presentar una solicitud formal.

Conforme al artículo 400 del Código Penal Federal, argumentó la diputada, a una persona que compra un vehículo robado se le aplicaría un castigo de tres meses a tres años de prisión y de quince a sesenta días multa por no tomar “precauciones indispensables” para asegurarse de que la persona que se lo vendió era el dueño legal.

Su propuesta trata de revertir esta situación, pues, explicó, a veces aun cuando la gente cuenta con elementos para indicar que el vehículo es legal resulta, en un momento posterior, como robado; además de que no hay manera para consultar si fue robado en otro estado.

Dando una herramienta a la gente para que verifique si un vehículo es robado podría amortiguarse este delito; las personas ya no comprarían autos de procedencia ilícita, acotó Oliva Fragoso.

Según un estudio general sobre el robo de vehículos realizado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en cuatro entidades se concentra más del 73 por ciento de la incidencia registrada del robo de vehículos: el Distrito Federal, el Estado de México, Baja California y Jalisco.

Además del impacto económico que genera este delito, la actual tendencia hacia el uso de la violencia en su comisión, 47 por ciento de los casos, ha tenido un severo impacto en la sociedad.

Son indudables los esfuerzos que han realizado las autoridades competentes, sin embargo es necesario fortalecer los mecanismos legales y la coordinación en todo el país no sólo para generar estrategias de combate de ese delito sino proporcionar seguridad jurídica a los terceros que pueden ser afectados por la comisión de éste, finalizó la diputada.

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