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Boletín N°. 1027 La desaparición forzada de personas debe frenarse con reformas al marco jurídico

En México se requiererevisar la Constitución y el Código Penal Federal para establecer una definición clara del delito de desaparición forzada de personasy adecuar este marco jurídico a los instrumentos internacionales, aseguró el diputado Arturo Flores Grande, secretario de la Comisión de Derechos Humanos.

En la clausura del Seminario Internacional, Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el legislador panista manifestó que al modificarse la Carta Magna y el Código Penal se deben contemplar las garantíasnecesarias paradar información a los familiares de los desaparecidos y plazos paraque tengan una respuesta.

Se deben observar reglas para extranjeros que puedan estar acusados como personas que cometieron el delito de desaparición forzada de personas, para que a través de la extradición vayan a su país que los reclama, dijo.

Asimismo, destacó que también se debe prever en el marco jurídico nacional que aquellas personasque estén enMéxico y quehayan sido víctimas de desapariciónforzada, se les den todas las garantíaspara el regreso a su país.

Consideró que en ese y otros ilícitos es fundamental una impartición de justicia eficaz, pero, agregó,todo dependerá en gran medida en actualizar las leyes a los preceptos internacionales.

El diputado Flores Grande se pronunció por una persecución de los delitos que dé resultados y crear los instrumentos adecuados paraquienes se encargan de administrar justicia.

Resaltó que las reformas al marco jurídico mexicano tendrán que garantizar procedimientos penales ágiles y transparentes para que los ciudadanos se sienten protegidos y tengan en el Estado la respuesta necesaria.

En su oportunidad, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, señaló que en el asunto de las desapariciones forzadas se requiere hacer reformas al Código Penal Federal

En ese sentido, exhortó a los legisladores adecuar este Código conforme a los compromisos y convenciones internacionales en materia de tortura y desaparición forzada que ha asumido México.

Comentó también que la Fiscalía Especialpara Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fue un esfuerzo importante de concentrar en una unidad a un grupo de personas para que pudieran investigar situaciones y hechos del pasado.

Expuso que esa labor se truncó y debe ser retomado efectivamente por la Procuraduría General de la República y en el transcurso de los próximos meses debemos tener resultados concretos de las accionesque se iniciaron hace cuatro años.

Agregó que “hemosmanifestado al Procurador General de la República nuestra preocupación en relación de laimportancia de que las investigaciones al respecto se culminen”.

Planteó que es necesario que el trabajo de la fiscalía siga en esa misma línea o que se cree dentro de la PGR espacios especializados para investigar grupos humanos que puedan dar respuestas en poco tiempo de los avances de esas investigaciones.

En el evento realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores Fernando Coronado, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal externó que para la desaparición forzada de personas, el Estado debe garantizar un procedimiento penal imparcial, objetivo y justo.

A su vez, dijo que las sanciones previstas para esos ilícitos deben ser acordes con un estándar de sanción reconocido internacionalmente, pues se trata de conductas graves que tienen que ser tipificadas unificadamente en la legislación de todos los países.

En ese sentido, agregó, que un referente objetivo que es la expresión de un consenso de la comunidad internacional son los criterios de sanción establecidos en el Estatuto de Roma.

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