El asesinato de periodistas y las agresiones a medios de comunicación son un atentado directo a la democracia por lo que se vuelve un asunto de seguridad del Estado, afirmó el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas.

El legislador señaló que la agresión a la libertad de expresión arremete en contra de todas las demás garantías constitucionales, por lo que se deben buscar mecanismos efectivos para prevenir y erradicar la violencia en contra de los comunicadores.

Propuso implementar medidas preventivas, cambiar el contexto legal e influir en la actitud represora de gobernantes de los tres niveles de gobierno.

De igual forma, sostuvo que se debe reforzar a la PGR y en específico a la Fiscalía para el Seguimiento de Delitos contra Periodistas, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tras informar que de 1987 a la fecha han ocurrido 67 asesinatos de informadores, 33 de ellos en los últimos 6 años, Priego Tapia calificó como vergonzosos los resultados de las autoridades locales y federales en el esclarecimiento de los casos.

“Los resultados siguen siendo nulos y no hay forma de explicar a los familiares de éstos ni a la sociedad en su conjunto que no hay todavía responsables directos o que ya estén encarcelados”, dijo.

Por su parte, el secretario de la comisión especial, Humberto López Lena (Convergencia), demandó acciones más efectivas para proteger la labor de los periodistas y medios de comunicación; planteó la necesidad de que este asunto se federalice, es decir, explicó, “que sea la PGR quien atraiga las investigaciones de los asesinatos”.

Hizo alusión a la promulgación de la despenalización del delito de difamación y calumnia por parte del presidente Felipe Calderón, y dijo que esto representa un avance importante, sin embargo, esperamos que el compromiso que asumió el jefe del Ejecutivo se cumpla cabalmente.

Por otra parte, informó que el pasado miércoles integrantes de la comisión acudieron al estado de Guerrero para conocer de las investigaciones sobre el caso Amado Ramírez.

Indicó que en la entrevista con las autoridades federales y estatales, la Comisión advirtió que no aceptaría, de ninguna manera, la creación de chivos expiatorios, toda vez que la detención de los presuntos responsables materiales del asesinato estaba plagada de irregularidades.

“No vamos a aceptar señalamientos vagos. En una de las preguntas respecto a la línea más fuerte de la investigación, señalaron que es en torno a los testigos, sin embargo, la línea se fundamenta en las versiones de un niño indigente, dos turistas y un transeúnte”.

En este sentido, el diputado del PVEM e integrante de la comisión, Francisco Elizondo Garrido, destacó que las autoridades están cometiendo demasiados errores al detener a dos presuntos culpables sin revisar ni checar cada una de las pistas, además de no contar con pruebas fehacientes.

Mencionó que tanto las autoridades locales como las federales deben explicar e informar de manera puntual a la comisión especial todo lo relacionado con este asunto y los otros 33 casos ocurridos del 2000 a la fecha.

Teodoro Rentaría Arroyave, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, indicó a su vez, que en el sexenio anterior y los cinco meses del actual se han registrado 33 asesinatos y 5 desapariciones forzadas de informadores.

En la conferencia de prensa estuvieron también Teodoro Rentaría Villa, secretario de la Federación de Periodistas de México; Eloy Caloca y Rosaura Cruz de Gante, secretario y presidenta del Club Primera Plana, respectivamente.

Esta última afirmó que en México el gremio periodístico está en absoluta indefensión, por lo que demandó a las instancias correspondientes investigar los atentados contra comunicadores.

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