Parasalvaguardar la integridad y derechos de la sociedad, la Comisión dePuntos Constitucionales, estudia reformas al artículo 21 de la Constitución Política, a efecto de que la autoridad pueda implementar medidas de vigilancia a las personas que hayan compurgado una pena de prisión por un delito considerado grave y en casos de reincidencia.

De acuerdo a la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública Nacional, la inseguridad muestra una tendencia a la alza.

El diputado Felipe González Ruiz (PAN) proponente de la reforma, indicó que la encuesta evidenció que el 39.1 por ciento de los habitantes del Valle de México perciben su ciudad como insegura, a diferencia del total nacional, donde 29.47 opina que es seguro y 11.14, inseguro.

Precisó que en cuanto al Distrito Federal, el 38.43por ciento declaró que se siente inseguro. Añadió que un mayor porcentaje de individuos ha dejado de realizar alguna actividad por temor.

Mencionó que entre quienes han sido víctimas de algún delito, 27.7% han dejado de llevar dinero consigo, salir de noche (26.6%) y usar joyas (26.3%). Mientras que quienes no han sido víctimas han dejado de usar joyas (33.2%), llevar efectivo (28.4%) y salir de noche (20.2%).

González Ruiz resaltó que la vigilancia de los ex reos se ajustará a los requisitos y límites previstos en las leyes correspondientes, debiendo implementarsea partir del momento en que el sentenciado cumpla la pena de prisión y por el tiempo necesario a juicio de la autoridad judicial, sin que pueda exceder de una tercera parte de la condena de prisión que purgo.

Es decir, que la autoridad competente deberá solicitar por escrito a la autoridad judicial que imponga la medida de referencia, siempre y cuando se justifique que es necesaria para salvaguardar la integridad de las personas, particularmente de la víctima.

Manifestó que la sociedad reclama mayor eficiencia, oportunidad y calificación de las instituciones y de quienes se encargan de la seguridad, así como de detener, procesar y castigar a los delincuentes.

El diputado del PAN, puntualizó que toda vez que la medida de vigilancia posterior a la etapa penitenciaria entraña un acto privativo para el ciudadano es menester que ésta se encuentre regulada constitucionalmente, ya que podría disuadirse cualquier otra comisión de delitos.

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