A fin de que haya eficiencia en los programas de subsidios, establecer un régimen que impida su utilización fraudulenta y garantizar cuentas públicas que permitan continuar con el crecimiento económico y generación de empleo, eldiputado Francisco Elizondo Garrido (PVEM) propone reformar y adicionar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El legislador indicó que con esta propuesta se pretende lograr mayor transparencia y correcta aplicación de los recursos que sean destinados al otorgamiento de subsidios.

Se establece como regla general que el pago de este apoyo económico exigirá la previa justificación por parte del beneficiario, de lo contrario, se perderá este derecho.

El legislador plantea que tampoco se procederá al pago del subsidio a todo aquel beneficiario deudor que no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cuotas al seguro social.

Asimismo propone un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, para que todos aquellos programas subsidiados que no alcancen las metas deseadas puedan ser modificados o sustituidos por otros más eficientes.

La iniciativa contempla además que los subsidiados deberán reintegrar total o parcialmente el monto del donativo a la dependencia ejecutora del gasto más los intereses generados en los casos en que para la obtención del subsidio se use información falsa, ocultando aquella que hubiera impedido el otorgamiento.

Asimismo establece que los subsidios o donativos, bajo ninguna circunstancia, podrán ser utilizados para la adquisición de títulos o valores, ni para la amortización, pago de intereses o dividendos de cualquier otro compromiso adquirido.

Destaca que para cada ejercicio fiscal las dependencias deberán elaborar y publicar un plan estratégico de subsidios en donde se especifiquen los objetivos que se pretenden lograr para su aplicación y el plazo necesario para su ejecución, costos previsibles y fuentes de financiamiento.

Menciona que los subsidios constituyen uno de los principales ejes en los que se desarrolla la acción pública para estimular las actividades educativas, ambientales, tecnológicas, científicas y culturales de interés general.

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