Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados criticaron la política de desarrollo social del Gobierno Federal debido a que no ha podido inhibir la pobreza extrema y cuestionaron que los programas se apliquen con fines electorales, a lo que la secretaria, Beatriz Zavala Peniche negó el hecho y dijo que el combate a la pobreza es parte integral de la política de Estado.

Durante la comparencia de la funcionaria ante la Comisión de Desarrollo Social, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón aseguró que la Cámara de Diputados está preocupada porque el gasto no se lleva a cabo como se había planeado, por lo que, dijo, “estamos pendientes del desarrollo de su ejercicio”, afirmó.

Advirtió que “si los mexicanos no tenemos el talento y la capacidad para combatir la pobreza difícilmente saldremos adelante”.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Javier González Garza aseguró que la pobreza en México mantiene los mismos índices. Las desigualdades son “insultantes” en el país, afirmó.

Por ello, explicó, el concepto de desarrollo social tiene que pasar a otro nivel, se requieren cambios fundamentales, medidas más drásticas y pensar en el desarrollo y la preparación educativa.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche informó que en México existen 48.9 millones de personas que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer requerimientos de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte y educación. De esos 48.9 millones de personas, 19 millones están en pobreza extrema.

Al respecto, anunció la tercera etapa de la política social para la generación de ingresos y reducir la desigualdad social. Para ello, agregó, se requiere que el gasto de la Sedesol tenga un mayor componente dirigido a la generación de opciones de ingreso, sin descuidar los apoyos a educación, nutrición y salud.

Explicó que el Programa Oportunidades, con un presupuesto de 14 mil 310 millones de pesos atiende a 25 millones de mexicanos en pobreza extrema, además, agregó, el nuevo Programa Oportunidades Energético, con recursos por 3 mil millones de pesos, subsidia los gastos de energía de 5 millones de familias.

No obstante, la funcionaria consideró que se requiere un incremento sustancial para los programas de generación de ingresos propios para las familias y otros como el de Empleo Temporal, el cual cuenta con recursos por 319 millones de pesos.

En síntesis, dijo, necesitamos más recursos para el combate a la pobreza y la desigualdad en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, así como fortalecer el Programa para Migrantes para que comunidades dejen de ser expulsoras de sus habitantes.

En la ronda de preguntas y respuestas, los diputados Ismael Ordaz Jiménez y Nemesio Domínguez Domínguez, ambos del PRI, cuestionaron la llamada tercera etapa en la política de desarrollo social y el programa de apoyo para adultos mayores de 70 años y si será retroactivo al mes de enero de 2007.

Sus compañeros de bancada, Mario Mendoza Cortés y Sara Latife Ruiz Chávez pidieron revisar el Plan Nacional de Desarrollo Social y prohibir el uso político en los programas sociales, ya que en Yucatán ha habido presuntamente denuncias al respecto.

Del PRD, los diputados Miguel Ángel Peña Sánchez, Yurixi Leyva Piñón y Marcos Matías Alonso se pronunciaron porque la política de desarrollo social no sea discrecional y privilegie a grupos afines al PAN, sino que dé respuesta al medio rural, urbano y al indígena. Preguntaron si se cuenta con un sistema de alerta temprana que permita prevenir la pobreza.

En tanto, Gerardo Priego Tapia, Beatriz Collado Lara y Sofía Castro Romero, del PAN, resaltaron los resultados del Programa Oportunidades, además del trabajo de Habitat y Microregiones. Sobre la utilización de programas sociales con fines electorales indicaron que esta situación sólo puede resolverse a través de la rendición de cuentas desde los municipios, ya que obligaría al gobierno federal a realizar un análisis de la operación de sus programas.

Patricia Castillo Romero, de Convergencia, indicó que más de 40 millones de mexicanos dependen de la Sedesol al ser la encargada de otorgar beneficios sociales para los que menos tienen, sin embargo, dijo, persisten problemas que la secretaría no ha podido resolver y tal es el caso de Fonapo, Liconsa y el programa Oportunidades.

El diputado Pablo Arreola Ortega, del PT, coincidió en que los recursos y el proyecto de desarrollo social en el país son insuficientes debido a que el Estado ha renunciado a la rectoría de la economía lo que ha traído consecuencias graves, por ello, agregó, se debe cambiar la política social mediante políticas efectivas e instrumentos financieros que le den viabilidad a un nuevo desarrollo.

En respuesta, la titular de la Sedesol aseguró que la tercera etapa aún no comienza a operar, además afirmó que el programa de adultos mayores será retroactivo al mes de enero y en el siguiente bimestre el padrón estará terminado para que la gente comience a recibir el apoyo económico.

Precisó que el blindaje electoral consiste en compromisos que tienen que firmar funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, “por lo que trataremos de que no sufran cambios en los estados donde se estén dando elecciones para que nos se preste a ninguna suspicacia”.

Por otro lado, coincidió en que la perspectiva del desarrollo social aislado siempre será coja, por lo que se debe tener claro el vínculo de la política económica.

Beatriz Zavala urgió a que México rompa la cadena generacional de transmisión de la pobreza, ya que no se convierta en costumbre ni en cultura, pero combatirla, disminuirla y erradicarla compete no sólo a la Sedesol, sino que es un reto de todos.

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