La Subcomisión de Seguimiento y Control de Transferencias de Recursos a las Entidades Federativas y Municipios acordó la revisión del marco generala nivel de fiscalización de recursos y de los convenios de coordinación fiscal que existen en torno a la hacienda pública, afirmó el diputado Arturo Flores Grande, integrante de esta subcomisión.

En reunión de trabajo de la Comisión de la Función Pública, que preside el diputado Benjamín González Roaro (PAN), Flores Grande señaló que los legisladores también elaboraron un listado de estados, a fin de hacer estudios comparados para revisar el marco normativo en relación a la fiscalización y transparencia de recursos.

Indicó que se seleccionaron 17 entidades del país para hacer el citado análisis: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, entre otros.

El diputado Flores Grande añadió que para esos estudios los diputados se apoyarán del Colegio deContadores y otrasinstituciones de profesionistas, a fin de que opinen al respecto.

Precisó que primero se hará el diagnóstico, se planteará la problemática general y, posteriormente, se buscará la solución a los problemas comunes en materia de fiscalización y transparencia de recursos.

Manifestó que con ese material se trabajará y de ahí saldrán las propuestas que podrían ser puntos de acuerdo, iniciativas de reforma de ley o creación de una nueva normatividad.

Dio a conocer que en el mes de mayo la subcomisión llevará a cabo otra reunión de trabajo para dar seguimiento a lo acordado.

El objetivo de la Subcomisión de Seguimiento y Control de Transferencias de Recursos es proponer nuevos esquemas legales para fortalecer la fiscalización y lograr una correcta rendición de cuentas de los recursos federales.

Previamente, en la misma reunión de trabajo, los legisladores de la Comisión de la Función Pública aprobaron, por unanimidad, un proyecto de dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública proceda conforme a la ley en los casos judiciales relacionados con el Fopabroa.

Refirió que esa iniciativa fue presentada el 26 de abril de 2006 por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (PRD) y se turnó a la Comisión de la Función Pública, que consideró pertinente hacer un llamado a la Secretaría de la Función Pública a que se investigue si ha habido participación de funcionarios públicos y en su caso se proceda a la sanción correspondiente.

Finalmente se avalaron diversas iniciativas sobre reformas a la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

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