La Comisión de Participación Ciudadana aprobó su plan de trabajo 2006-2009, que establece como uno de sus objetivos buscar que las figuras de iniciativa popular, referéndum y plebiscito queden formalmente establecidas en la Constitución.

Asimismo, se instaló una subcomisión encargada de analizar posibles modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), debido a que se advierte que la representación vía electoral no debe ser el único conducto de las voces e ideas de los ciudadanos.

El diputado Alberto Esteva Salinas (Convergencia), presidente de la comisión, señaló que México necesita rebasar el nivel de consulta al que se reduce la participación ciudadana mediante el establecimiento de mecanismos que incidan de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones fundamentales de las agendas nacional, estatal o local.

En ese sentido, también se instaló una subcomisión encargada de analizar la creación de la Ley Federal de Participación Ciudadana.

La comisión también buscará consolidar la aplicación de la ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de enriquecer algunos preceptos legales que permitan el efectivo fomento de sus acciones.

El trabajo de la comisión durante los próximos tres años, dijo Esteva Salinas, será el estudio de la factibilidad de incluir en el sistema político mexicano figuras de democracia semidirecta como el referéndum, el pebiscito y la iniciativa popular.

Para lograrlo, explicó, se realizarán foros de análisis y discusión para la elaboración de la Ley Federal de Participación Ciudadana con una amplia convocatoria a nivel nacional y con absolutamente todos los actores sociales y especialistas en la materia.

Para finalizar, manifestó que esta comisión tiene un gran peso legislativo ya que cuenta con facultades para intervenir de manera decisiva en el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional.

Su objetivo es promover y garantizar la participación de los grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, además de asegurarles el respeto irrestricto a sus garantías individuales, derechos sociales y políticos.

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