Corrupción, faltas administrativas y omisión de los tres órdenes de gobierno son algunas de las irregularidades que encontraron los diputados integrantes de la Comisión de Cultura, que preside Emilio Ulloa Pérez (PRD), que asistieron a investigar la construcción de desarrollos turísticos la zona arqueológica de Tulum.

Al presentar el informe, Alejandro Landero Gutiérrez (PAN) indicó que paulatinamente se han ido construyendo desarrollos turísticos dentro de esta área natural protegida y del corredor arqueológico Tulum-Tankah, violando diversas disposiciones legales.

“Yo veo que hay omisión del gobierno federal, estatal y municipal”, indicó, sin embargo aclaró que no se trata de ir contra una autoridad en particular o un partido, “están involucradas algunas áreas del gobierno federal y es muy importante que todas las fuerzas políticas vayamos en el mismo sentido”.

Señaló que las acciones que se emprendan para revertir esta situación deben procurar no impactar negativamente en la actividad turística de la región. “Tenemos que procurar un desarrollo turístico sustentable, si se busca dinero inmediato, matemos a la gallina de loshuevos de oro; defendamos y fomentemos el turismo cultural para que haya más desarrollo económico”, enfatizó.

En su oportunidad, la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil (PAN) afirmó que con esta visita “estamos tocando la punta de un iceberg, vamos a descubrir –y estamos descubriendo— muchas irregularidades”.

A su vez, la diputada Esperanza Morelos Borja (PAN) reconoció que existen fallas de fondo y estructurales en los diferentes órdenes de gobierno; no hay vinculación entre las secretarías; no identifican la concurrencia y, por lo tanto, algunos no asumen sus competencias o no les parece grave no asumirlas.

Propuso que a través de la Secretaría de la Función Pública se coordinen las dependencias de todos los órdenes de gobierno, para que entiendan que van a tener que cumplir la ley. Además, diseñar una estrategia, para detectar las leyes que han sido violadas; preguntar a las instituciones qué atribuciones no han cumplido y luego exigir la investigación de responsabilidades.

“Debemos identificar y pedir que se aplique la ley, que se investigue quién no ha cumplido por omisión o por acción, porque aquí vemos que ha habido quien ha estado vendiendo y entregando títulos de propiedad a pesar de que hay un documento expropiatorio y la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”.

En tanto, Víctor Gabriel Varela López (PRD) consideró que las autoridades municipales han incurrido en responsabilidades administrativas por disponer de una tierra que no es del estado, sino de la federación, sobre la cual existen decretos expropiatorios.

Indicó que la gente del municipio no es capaz de negar una licencia porque como nadie les comprueba que existen los decretosautorizan la construcción. “Parece que todo mundo busca los resquicios para darle la razón a los inmobiliarios. Siempre piensan en el interés del desarrollador turístico y no de la colectividad”.

En su oportunidad José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), no descartó que se pudieran encontrar situaciones similares más antiguas, por ejemplo, en Chichén-Itza. Propuso involucrar a otras instancias, incluso organismos internacionales, “porque hay autoridades que sí hacen su trabajo, pero obviamente no tienen los recursos para hacer frente a procesos derivados de una clausura, amparos, etcétera”.

Advirtió la posibilidad de que muchos de esos títulos de propiedad tengan dudosa procedencia, porque la expropiación debió caer sobre los habitantes originales de esa zona en particular, que eran pueblos mayas.

A su vez, la diputada Beatriz Pagés Llergo (PRI) cuestionó por qué ninguno de los tres órdenes de gobierno respeta la ley y afirmó que este es un problema de corrupción. “Por un lado no hay voluntad política y, por otro lado, hay una serie de vacíos y lagunas legales que permiten a las autoridades incurrir en estas faltas”.

Se pronunció por deslindar responsabilidades y que los legisladores realicen una serie de reformas para fortalecer la ley en ese sentido.

“Estamos ante la gran oportunidad, por un lado, de llevar a cabo una gran investigación en este caso concreto, pero también de construir, regular y llenar vacíos legales para evitar que se vuelva a cometer este tipo de corruptelas”.

Al presentar el informe, Landero Gutiérrez señaló que los permisos de construcción se otorgaron de manera irregular por las autoridades municipales de Solidaridad, toda vez que existe un decreto expropiatorio sobre estos terrenos desde 1981.

Agregó que hay desarrollos concluidos que violan diversas disposiciones legales y atentan contra la ecología. “Hay un hotel, sin ningún permiso, construido sobre la playa, cuando las reglamentaciones establecen que las construcciones deben situarse cuando menos a 30 metros, además, se encuentra en un lugar donde anidan tortugas y esto sólo es posible con corrupción. No pudo haber pasado así nada más”.

Dijo que en varias construcciones hay sellos del INAH pero no de la Profepa, que también debería estar al pendiente del caso “y desde mi punto de vista hay omisión de la Profepa”.

Señaló que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Solidaridad, deja abierta la posibilidad de realizar ciertas construcciones, con el argumento de que el municipio no está facultado para verificar si es legal o no el título de propiedad al momento de otorgar los permisos.

Por ello, dijo que es necesario verificar el PDU, porque el municipio lo puede publicar pero la federación debe defender sus terrenos. “En ese sentido, parecería que la PGR noha hecho ninguna defensa del área natural protegida, hay una serie de demandas y cuestiones donde la PGR no ha actuado”.

Explicó que se apreciaron 15 construcciones en un área natural protegida. “Hay un grave problema de tenencia de la tierra que debemos investigar a fondo”, pues se realizó la expropiación pero no los pagos correspondientes, en algunos casos se permutó por terrenos, en otros no se concluyó el proceso y algunos dueños rechazaron el pago y alegan que la expropiación no surtió efecto.

Ante esta situación, la comisión acordó crear una subcomisión especial encargada de darle seguimiento y de llevar este asunto a un debate nacional para detener las construcciones en esa área.

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