La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados avaló un dictamen con punto de acuerdo para exhortar alaSecretaría de Gobernación a que no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego, en tanto no se tenga un estudio serio de todos los posibles impactos que conlleva para la sociedad mexicana.

En reunión de trabajo de la citada comisión, que preside el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), se opinó que dicho análisis debe contemplar el impacto que causaría en la población la instalación de casinosen cuanto a economía, a partir de la inversión que se realizaría en localidades no turísticas, seguridad pública, lavado de dinero, narcotráfico, régimen fiscal y régimen jurídico.

Asimismo, los legisladores de la Comisión de Turismo consideraron prioritario que la Segob establezca grupos de trabajo para la revisión y eventual modificación del Reglamento de Juegos y Sorteos, con la finalidad de darle un carácter restrictivo en cuanto al número de establecimientos que se puedan instalar por cada permiso.

El diputado Martínez Vargas dijo que se requiere controlar los establecimientos de este tipo que están o van a iniciar operaciones en todas las ciudades del país.

Posteriormente, se aprobó otro dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la propia Segob a que actualice la base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos contenida en el sitio de Internet de la dependencia.

Ello, en lo relativo a los permisos otorgados, sanciones impuestas, identidad de los permisionarios, operadores, personal involucrado y los estados financieros de los permisionarios.

Previamente, ante la Comisión de Turismo, el titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Mario René Escarcega Leos, manifestó que existen cerca de 15 o 20 artículos dentro del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que hablan de requisitos que se deben revisar como autoridad para expedir o negar un permiso.

Afirmó que la ley contiene una serie de requerimientos que cualquier interesado tiene que presentar ante la autoridad competente, que es la Secretaría de Gobernación, por lo que una vez que se revisan, si se cumple con los términos de la normatividad, la dependencia está obligada a otorgar el permiso.

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