La Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que se utilicen plenamente los recursos del programa de apoyo a la comercialización del maíz, que impulsa ASERCA, a fin de garantizar el pago efectivo de dos mil 500 pesos por tonelada de maíz, a los productores en la próxima cosecha ciclo otoño- invierno 2006-2007.

Asimismo, a unas semanas de que concluya el pacto de estabilización del precio de la tortilla, siete fracciones parlamentarias se pronunciaron a favor de que permanezca y se pidió a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía (SE), informen las medidas que se tomarán para bajar el precio del producto, a partir del primero de mayo.

En los términos del acuerdo aprobado por votación económica, también se solicita información sobre los avances para constituir una reserva estratégica del grano básico.

El diputado Francisco Domínguez Servién (PAN), presidente de la Comisión Especial de Ganadería, consideró necesario mantener el acuerdo en el precio de la tortilla: “debemos proteger el abasto y garantizar un precio estable al consumidor. Asimismo, tenemos que establecer un mecanismo de apoyo a la competitividad que compense al agricultor; puede ser a través de más promoción, agricultura por contrato, coberturas y reconversión productiva”, dijo.

Agregó que es prioritario mantener una reserva estratégica de maíz blanco para atender el abasto ante cualquier contingencia, con la participación de los sectores privado, social y del gobierno.

Esto sin regresar a esquemas de intervención del Estado ya superados: “no podemos controlar los precios de ningún producto a nuestro antojo”, explicó.

A su vez, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (PAN) destacó la necesidad de estabilizar el precio del maíz, “pero el intervencionismo de esta Cámara para exhortar al Ejecutivo a que meta directamente las manos al control de precios no es el mejor camino” opinó.

El diputado Juan Guerra Ochoa (PRD), promovente del punto de acuerdo, indicó que no coinciden las declaraciones de los sectores involucrados sobre las variables que intervienen en el precio final de la tortilla: “la industria nixtamalera dice que le venden el maíz a tres mil pesos la tonelada, por eso tiene que terminar con el pacto y subir el costo a más de ocho cincuenta pesos, mientras que el productor se queja de que le pagan a menos de dos mil 500 pesos la tonelada”.

Se pronunció por evitar que la tortilla suba injustificadamente sin asegurar al productor un ingreso tan bajo, “necesitamos apoyar el consumo”, indicó, por lo que planteó que no sólo se apoye a los productores, sino que se extienda a los pecuarios, a los fletes, al cabotaje y a la cobertura para frenar su incremento.

Héctor Padilla Gutiérrez (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura, señaló que el precio final de la tortilla depende principalmente de dos cosas: el maíz representa el 40 por ciento del costo y el gas el 30 por ciento, “si este último es regulado por el Estado, mi fracción solicita que el Ejecutivo proporcione gas más barato a las tortillerías”.

Indicó que el precio de la tortilla debería ir a la baja, dado que en enero el precio de importación de maíz era de dos mil 850 pesos por tonelada y para mayo se proyecta en dos mil 250 pesos; “el gobierno debe responder por qué no sucede así, tiene que hacer algo”, manifestó.

Su compañero de bancada, César Duarte Juárez, acotó que la tortilla hizo crisis por el mal manejo de la Secretaría de Economía. El productor ha hecho un gran esfuerzo, falta la parte del gobierno, expresó.

Del PVEM, la diputada Sara Isabel González Castellanos se refirió al riesgo que existe en incluir al maíz en la producción de combustibles bioenergéticos, pues se incentivaría el cultivo de transgénicos para la obtención de etanol en otros países.

Por su parte, Jorge Godoy Cárdenas (Convergencia) consideró que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la tortilla ha aumentado su precio en 738 por ciento y, como resultado, su consumo por persona ha disminuido.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (PT) consideró que la no renovación del pacto provocaría severos daños a la economía de millones de familias mexicanas que no tienen los ingresos suficientes para compensar otra alza al precio del producto.

Por último, la diputada Irma Piñeyro Arias (PNA) afirmó que el aumento del precio de la tonelada de maíz en el mercado mundial es resultado de su uso en la producción de etanol.

Indicó que la Sagarpa y la SE, así como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, deben tomar medidas para proteger los niveles de consumo de los estratos más pobres y regularizar el funcionamiento de la cadena productiva del maíz.

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