Diputados de las diversas fracciones de oposición cuestionaron al titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, por considerar que usurpó las atribuciones del Ministerio Público en el caso de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, en la Sierra Zongolica, Veracruz, en tanto que la fracción del PAN pidió que este caso no se contamine con tintes políticos ni sea una estrategia para desprestigiar a las instituciones

Al comparecer ante las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Equidad y Género, José Luis Soberanes Fernández dijo que la investigación de oficio que llevó a cabo con peritos especializados acreditó científicamente que no hubo violación, “no existen alteraciones ginecológicas que pudieran ser producidas por la penetración vaginal y/o anal”.

Añadió que lo que ocasionó el deceso de Ernestina Ascencio fue una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a ulceras gástricas.

El Ombudsman dijo que la próxima semana emitirá la recomendación correspondiente al gobierno del estado de Veracruz, al haber acreditado violaciones a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica e irregularidad de la averiguación previa en agravio de la señora Ernestina y de sus familiares.

Asimismo a la Secretaría de la Defensa Nacional“por la conducta que pudo haber tenido”. Denunciará además, dijo, los presuntos delitos y faltas administrativas en que han incurrido servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, por los actos y omisiones cometidos durante la tramitación del expediente de queja, al no entregar las muestras de todos los tejidos solicitados, así como por la manipulación de las evidencias.

Soberanes Fernández negó que quisieran abrogarse las facultades del MP para determinar la existencia o no de un delito. La investigación se hizo con base en la Ley de la CNDHque señala que esta instancia tiene competencia de conocer de quejas cuando fueran imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal y en este caso intervenimos por la presunta participación del Ejército”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna(PAN) demandó conocer a fondo los resultados objetivos de la investigación, las circunstancias y la presentación de las pruebas ante el Poder Judicial, porque es a esa instancia a quien corresponde establecer la responsabilidad.

Consideró que este asunto se convirtió en una bandera política que en poco o nada ayudará a resolver el caso. “Resulta lamentable que se quiera tomar como pretexto para desacreditar injustificadamente a una institución, cuando no existe una sola prueba de que los militares hubieran tenido algo qué ver en la muerte de doña Ernestina”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián (PRD) dijo que el titular de la CNDH ha pretendido desviar el curso de las investigaciones sobre el caso, “erigiéndose en juzgador, señalando que no fue objeto de violación Ernestina y que no hay delito qué perseguir”.

Añadió que las declaraciones de José Luis Soberanes están fuera del marco legal“ha entrado al juego de usurpar las atribuciones de persecución, investigación y determinación de las conductas que pueden ser constitutivas de delitos, propias del Ministerio Público”.

En la reunión el presidente de la CNDH ofreció a los legisladores mostrarles el conjunto de las indagatorias a través de fotografías y gráficas de carácter pericial. La diputada Maricela Contreras dijo que no es papel de los diputados examinar estudios periciales ni hacer valoración de pruebas y solicitó que se abstuviera de presentarlas.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado César Camacho Quiroz (PRI), subrayó que la CNDH no tiene la última palabra, si bien tiene valores en común que tutelar con el MP, la diferencia existe.

Añadió que lo que sigue es una exhaustiva, correcta y bien llevada averiguación previa que pueda en el más corto plazo posible convertirse en una consignación sólida que merezca una sentencia en el ámbito penal y eventualmente el fincamiento de responsabilidades.

La diputada Aída Arvizu Rivas, coordinadora de la Fracción parlamentaria de Alternativa dijo que el Ombudsman ha descalificado el trabajo de la Procuraduría de Justicia de Veracruz.

En tanto, la diputada Blanca Becerril (Nueva Alianza) dijo que la competencia de la CNDH es hacer recomendaciones no determinar quién es culpable. Mientras que la diputada Rosa Elia Romero Guzmán (PT) indicó que hay graves contradicciones entre esa instancia y la Procuraduría de Veracruz“se tiene la impresión de que se trata de exculpar a los militares, ya que la víctima afirmó ser violada por los soldados”.

En su intervención la diputada Martha Angélica Tagle Martínez(Convergencia) cuestionó el hecho de que la CNDH haya actuado para establecer un delito y deslindar responsabilidades y no para denunciar una violación de los derechos humanos.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas (PVEM)pidió que el expediente no sea cerrado y que la muerte de Ernestina Ascencio no quede como un penoso incidente pasajero.

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