El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 396 votos un dictamen que expide la Ley para Preveniry Sancionar la Trata de Personas, ya que se estima que anualmente 1.2 millones de infantes son víctimas de este delito.

Se calcula que entre 16 mil y 20 mil niños mexicanos y centroamericanos son sujetos de abuso sexual, principalmente en la franja fronteriza y destinos turísticos.

Un estudio elaborado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia revela que 85 mil niñas y niños mexicanos y centroamericanos están siendo explotados en la industria sexual del país y sólo en la Ciudad de México 150 mil personas adultas se dedican a la prostitución; el 99 por ciento no oriundas del Distrito Federal, y el 75 por ciento se iniciaron en la prostitución a los trece años.

La Comisión de Justicia aprobó también reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, con el propósito de preveniry sancionarel delito de la trata de personas, así como proteger, atender y asistir a las víctimas.

Se pretende garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de los victimizados residentes o trasladados al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.

El dictamen señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir este delito.

Se establece que promueve el delito de trata de personas quien solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, por sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

Los legisladores Elsa Conde Rodríguez (Alternativa), Mónica Arriola (Nueva Alianza) y María Mercedes Maciel Ortiz (PT), Juan Francisco Rivera Bedoya y César Camacho Quiroz (PRI), Silvia Oliva Fragoso (PRD) y Mario Eduardo Moreno Álvarez (PAN) se pronunciaron a favor del dictamen, el cual al aprobarse se devolvió al Senado para los efectos constitucionales.

Ley General de Bienes Nacionales

Durante la sesión, también se aprobó por 376 votos, la adición de un segundo párrafo al artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Bienes Nacionales, para confirmar el dominio y disposición de las Cámaras del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación sobre los inmuebles que les fueron destinados antes de la expedición de la citada ley en el 2004.

Lo anterior, debido a que existen decretos presidenciales emitidos con anterioridad a la expedición de dicho ordenamiento legal, con estructura y asignaciones y revocaciones a los Poderes Legislativo y Judicial, cuyo texto es incongruente con las disposiciones constitucionales.

De ahí que en el artículo décimo tercero se establece que encaso de aquellos decretos presidenciales que asignaron bienes inmuebles a dichas instituciones, se determina que los decretos constituyen, en cada caso, los títulos que acreditan la propiedad de los inmuebles a favor de ambas cámaras y el Poder Judicial.

Para ello, contarán con un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación del presente Decreto, para promover su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su incorporación al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y paraestatal.

Al fijar su postura, el diputado José Alfonso Suárez del Real (PRD) destacó que los cambios permitirán consolidar la transparencia y certidumbre en el Registro Público de la Propiedad y el Sistema Catastral. Expresó el compromiso de velar por los bienes encomendados por la nación, como el predio denominado La Ciudadela y lo que quede a cargo de esta soberanía.

Por su parte, el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante (PRI), dijo que la disposición para dar certidumbre jurídica sobre las propiedades del Congreso fue resultado de un trabajo conjunto plural para aprobar el dictamen de la Comisión de Gobernación. El documento se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Con el aval de 386 votos a favor, cero en contra y una abstención, diputados aprobaron reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para garantizar que los productos maderables que consume el Gobierno Federal provengan de bosques manejados sustentablemente y no de tala clandestina.

Se propone que en caso de las adquisiciones de papel para uso de oficina deberán contener por lo menos 50 por ciento de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro.

La Secretaría de la Función Pública se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que realicen las dependencias, entidades federativas y el Distrito Federal, así como terceros facultados por la autoridad competente en la materia.

Lo anterior, para optimizar y utilizar de manera sustentable los recursos naturales y disminuir los costos financieros y ambientales, toda vez que, según el Informe de la Situación de los Bosques en el Mundo 2005 de la FAO, en el país la tasa de deforestación es de 623 mil hectáreas.

Al respecto, el diputado Ramón Ceja Romero (PAN) dijo que la sustentabilidad de los recursos naturales depende del compromiso de las personas, pero también que las instituciones públicas y privadas incluyan el tema ambiental, el cambio de hábitos y valores. El gobierno, aclaró, tendrá que poner el ejemplo y las bases para las alternativas que fomenten un medio ambiente y convivencia saludable.

La diputada Erika Larregui Ángel (PVEM), afirmó que la minuta enviada por la colegisladora faculta a los comités de adquisiciones, arrendamiento y servicios para que las políticas en la materia establezcan aspectos de sustentabilidad ambiental. Para ello, agregó, se requerirán certificados que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera. El documento se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Retiran de sesión dictámenes

Por instrucciones de la Comisión de Educación y Servicios Educativos y de los diputados proponentes, se devolvió a dicha comisión el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

También se retiró de la orden del día el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Comunicaciones

Para que los ciudadanos senadores de la LX Legislatura que hubieren servido como diputados o senadores en legislaturas anteriores, se abstengan de solicitar su incorporación voluntaria al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Senado aprobó un punto de acuerdo que remitió a esta soberanía; se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Asimismo, el Senado remitió una minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A la Comisión de Justicia, se turnó una minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al articulo 211 Bis 1 y los artículos 211 BIS 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Fortalecimiento del Federalismo, se remitieron tres iniciativas de los senadores panistas Ulises Ramírez Núñez y Ramón Galindo Noriega. Las iniciativas proponen el etiquetado de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal y del Fondo de Fomento Municipal.

---ooOOoo---