Ante la falta de mecanismos de control de las haciendas públicas para la fiscalización de recursos federales transferidos a los estados, el diputado Mario Salazar Madera (PAN), propuso reformar la Ley de Coordinación Fiscal para precisar la facultad sancionatoria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las irregularidades determinadas en la revisión del ejercicio de esos recursos.

En una iniciativa de reforma al artículo 49 de la citada ley, el legislador pide establecer con precisión las atribuciones de la ASF independientemente de las irregularidades detectadas por los órganos de fiscalización locales, a fin de evitar interpretaciones que entorpezcan el proceso de fiscalización y propicien opacidad en el manejo del gasto asignado a las entidades federativas y municipios.

Lo anterior, dijo, a propósito del informe presentado por la ASF sobre la Cuenta Pública 2005, donde se detectaron irregularidades en la aplicación de recursos federales, debilidades en los mecanismos de control, ineficiencias en su administración, desvíos y anomalías que contravienen la ley.

Por ello, consideró necesario revisar los objetivos y reglas de operación de los diferentes fondos a través de los cuales se reasignan recursos públicos federales, para favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y fiscalización en la aplicación de los mismos, así como evitar la recurrencia de anomalías, toda vez que éstas, en su mayoría, no son sancionadas.

Aseguró que de acuerdo con un diagnóstico de las haciendas públicas estatales elaborado por la Secretaría de Hacienda, las asignaciones a los estados equivalen a tres quintas partes de la recaudación federal participable.

Salazar Madera explicó que las aportaciones del ramo 33 constituyen la principal fuente de asignación estatal. Tan sólo en el presupuesto de este año se aprobaron 332 mil 298.1 millones de pesos para ese sector, lo que representa un aumento de 163 mil 340.8 millones de pesos, respecto de lo destinado en 2000.

Durante ese periodo, precisó, se tuvo un crecimiento de 30.6 por ciento real, equivalente a un incremento anual de cerca de 4 por ciento.

En la iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, el diputado destaca que en la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF efectuó 285 auditorías a los ramos 33 y 39, lo cual demuestra un incremento en las revisiones, toda vez que en 2004 sólo se realizaron 78 auditorías.

Precisó que de esas revisiones, la ASF realizó 33 auditorías, mientras que los órganos de fiscalización de los estados hicieron 252; no obstante, la primera demostró ser más eficaz debido a que las haciendas públicas locales mantienen una dependencia hacia los gobiernos estatales.

Además, agregó, mientras la Auditoría Superior de la Federación promueve acciones sancionatorias, las entidades de fiscalización estatales sólo hacen recomendaciones. Aclaró que no obstante que ambas instancias tienen establecidas en la ley esa facultad, no la ejercen de manera similar.

Reconoció que en algunos estados no se cuenta con esa facultad, pero precisó que la obligación de los órganos de fiscalización es notificar a la ASF sobre los casos donde se determinen desvíos de recursos.

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