Promover reformas a la Ley de Radio y Televisión que permitan a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar medios de comunicación, será el objetivo de la Subcomisión de Legislación sobre Medios Comunitarios, cuya creación fue aprobada hoy por la Comisión de Asuntos Indígenas, a propuesta del diputado Wenceslao Herrera Coyac (PRI).

Esta subcomisión fue planteada tras el fallo de ayer de la SCJN que afirma que no es procedente la acción de inconstitucionalidad en relación a la “omisión legislativa y falta de previsión de mecanismos para que las comunidades indígenas puedan ser concesionarias o permisionarias de medios de comunicación”, denunciada por 47 ex senadores; con lo cual la responsabilidad recae en el Congreso de la Unión.

Marcos Matías Alonso, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, aseguró que la Cámara de Diputados trabajará este asunto para dar una salida que deje satisfecha a la población.

Asimismo, el diputado Herrera Coyac pidió el apoyo de sus compañeros para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales que dictamine, a la brevedad, la iniciativa presentada por diputados del PRD que solicita al Gobierno Federal financiar la convergencia tecnológica de los medios indígenas.

Además de convocar a las comisiones de Gobernación, Comunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía, sumarse al trabajo para generar reformas en la materia.

En tanto, los miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas externaron su respeto a las facultades y decisiones de la SCJN.

En otro asunto, la Comisión de Asuntos Indígenas aprobó modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de tipificar como tal, cualquier acto de intimidación basado en la discriminación.

El dictamen establece que los órganos relacionados con la procuración de justicia proporcionen intérpretes y traductores a la población indígena que se encuentre involucrada en la ejecución de algún ilícito.

Las modificaciones surgen de la necesidad, se precisa en la exposición de motivos del dictamen, de brindar protección a los indígenas, dada la diferencia cultural, marginación y discriminación de que son objeto por sus lenguas, lo cual dificulta su comunicación y debida defensa.

Con las reformas, se establece que los intérpretes que ayudarán a la población indígena deberán estar profesionalmente capacitados en materia jurídica y especializados en usos, costumbres, sistemas normativos y culturas indígenas.

Asimismo, se plantea la posibilidad que las personas pertenecientes a una comunidad indígena soliciten que el reconocimiento médico, para saber si fueron objeto de tortura, lo haga una persona de su población que practique la medicina tradicional, aun cuando no cuente con cédula profesional.

El dictamen que se presentará en el siguiente periodo legislativo, modifica los artículos dos, tres, seis, siete y diez de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

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