Diputados del PRD y PRI coincidieron en que la propuesta del Sistema de Evaluación del Desempeño enviada por el Ejecutivo Federal limita la gestión pública, porque el gobierno evaluaría su propio desempeño, otorgará atribuciones a la Secretaría de Hacienda en el control y fiscalización del gasto de otras dependencias y excluirá de este proceso al Poder Legislativo.

Lo anterior, durante la mesa redonda Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), organizado por el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, como parte de las consultas para fijar la posición de la Cámara de Diputados, a más tardar este mes, respecto de la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal.

En el evento, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Antonio Ortega Martínez (PRD) dijo que la propuesta del Ejecutivo Federal es equivocada, perversa y originariamente debilitada, porque en el diseño para la evaluación gubernamental persiste el círculo vicioso del Ejecutivo de autovigilarse y evaluar su desempeño.

Además, agregó, el director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Ejecutiva encargada de la evaluación, están designados por el secretario de Hacienda, con lo cual controlaría aún más el ejercicio del gasto en vez de evaluar el desempeño del gobierno.

Consideró que también hay un intento de desplazar facultades inherentes del Poder Legislativo respecto de la aplicación y ejercicio del gasto, al otorgarse el Ejecutivo la facultad de determinar qué programas funcionan para la asignación de recursos públicos.

Ortega Martínez propuso que en este mecanismo de evaluación se incorpore a la ASF en la definición y validación de los indicadores de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda.

Por otro lado, comentó que los mecanismos de evaluación del desempeño están financiados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tan sólo el año pasado otorgó 400 mil dólares al gobierno mexicano y para este año están presupuestados 1.4 millones de pesos.

Su compañera de bancada, Susana Monreal Ávila, consideró preocupante que la SHyCP concentre el proceso de evaluación, porque “actúa como juez y parte y no se menciona quién recortará los programas en caso de improductividad”.

Por ello, dijo que se debe tener cuidado con los lineamientos generales para la evaluación de programas federales, ya que en algunos casos el SED es contradictorio con los artículos 6, 7 y 9 relativos a los indicadores, ya que determina la libertad de las dependencias y entidades para establecer objetivos y estrategias de sus programas.

Indicó que la Coneval carece de facultades para operar el sistema y revisar a los evaluadores externos, ya que su política se basa en el desarrollo social, además viola la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al dejar la evaluación de desempeño a cargo de un órgano descentralizado integrado por el titular de la Sedesol o quien determine.

Monreal Ávila estimó que sólo se evaluará el 27 por ciento de los programas, sin incluir el gasto no programable como la deuda pública, servicios personales y aportaciones a ramos autónomos, ni se incluyen programas sustantivos como el SAT, aduanas, IMSS, ISSSTE y Energía y otros donde pudiera haber incumplimientos. Propuso difundir la matriz de indicadores, el programa anual de evaluaciones, y los procesos de modificación de programas.

Por su parte, el presidente del Comité del CEFP, Moisés Alcalde Virgen (PAN), consideró que la evaluación del desempeño no debe ser un fin en sí mismo, sino un insumo para la toma de decisiones, aunque tampoco generar “incentivos perversos” para cumplir indicadores en vez de que el programa funcione.

Aseguró que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública conformó un grupo encargado de recabar opiniones sobre el sistema, en las que se sugiere que la elaboración de matrices de desempeño de la administración pública deben ser de manera conjunta entre los poderes, delimitar las implicaciones jurídicas del Coneval y la manera en que se van a contratar los evaluadores externos.

El diputado Javier Guerrero García (PRI), consideró que la estrategia para el control del gasto que plantea el Sistema de Evaluación de Desempeño es limitativo en la mejora de la gestión pública, se sobreestima el control del gasto y se excluye la participación del Poder Legislativo en la evaluación.

Coincidió en que la propuesta del Ejecutivo rompe con el principio de equilibrio de Poderes porque sugiere que los objetivos estratégicos e indicadores sean definidos por él, además se otorgan atribuciones al Coneval, más allá de su naturaleza.

Pidió incorporar la participación ciudadana en la definición de indicadores de desempeño, así como en aspectos como el establecimiento de metas, objetivos y evaluación de sus impactos. Ejemplificó que el Programa de Desayunos Escolares está desfasado y no tiene un impacto real, porque no se precisa si es sólo de evaluación, de incremento educativo o en la calidad nutricional.

El director del CEFP, Edgar Nolasco, aseguró que para el Poder Legislativo son prioritarios los indicadores de costos e impacto final de los programas gubernamentales, tanto para su evaluación como en la asignación de recursos.

Dijo que las atribuciones de la Cámara en la gestión pública, en el SED y la modificación y aprobación del presupuesto están limitados, por lo que se requiere de una revisión de la legislación en la materia y el rediseño institucional, sobre todo, de los organismos fiscalizadores y evaluadores.

En la reunión, funcionarios de la Administración Pública consideraron que el sistema permitirá evaluar los indicadores de costos e impacto final de programas gubernamentales, para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo cuenten con elementos suficientes en la toma de decisiones y la eficiencia del gasto.

Al respecto, el jefe de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHyCP, Guillermo Bernal Miranda, explicó que en el mes de marzo, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados su propuesta del Sistema de Evaluación del Desempeño, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública haga sus comentarios y observaciones, a fin de que sean incorporadas.

Consideró necesario la alineación de los programas previstos en el presupuesto a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y que el gasto responda a las acciones que el gobierno quiera realizar.

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