La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó sus conclusiones y emitió 40 recomendaciones a éste órgano de fiscalización, derivadas del análisis de la Cuenta Pública 2005, donde se destacan dos denuncias por irregularidades en la comprobación de recursos obtenidos en la venta de inmuebles del IPAB, enajenados por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAEB) y la revisión de los subsidios a la producción del Programa de Apoyo a Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras de la Sagarpa.

En reunión de la citada comisión, su presidente, Antonio Ortega Martínez (PRD), explicó que las recomendaciones corresponden a observaciones de preceptos normativos, al proceso de planeación de auditorías, la visión estratégica de la fiscalización y 24 más sobre resultados de auditorías a estados y municipios, organismos del sector financiero y de gobierno, en el sector de desarrollo económico y social.

Indicó que con ello se concluye el proceso de análisis y revisión de la Cuenta Pública 2005, cuyas observaciones se entregarán al titular de la ASF, Arturo González de Aragón, el 28 de junio. Precisó que en los próximos días, el auditor deberá entregar el pliego de fincamientos de responsabilidades administrativas o penales a funcionarios y entidades públicas que incurrieron en irregularidades o que no atendieron las recomendaciones.

Aseguró que este ejercicio de la revisión del gasto muestra una Auditoría más acuciosa y comprometida con las responsabilidades de fiscalización, así como una estrecha colaboración con la Cámara de Diputados.

En el documento denominado Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, se destaca la necesidad de fortalecer a los entes locales de fiscalización superior para que tengan mayor autonomía técnica y de gestión y asegurar, con ello, su independencia de los ejecutivos locales.

También legislar para integrar un sistema de contabilidad gubernamental que permita contar con un registro patrimonial en todos los niveles de gobierno, garantizar la información financiera, acortar los tiempos de presentación y revisión de la cuenta pública, así como ampliar las facultades de la ASF.

Por otro lado, la Comisión pospuso la aprobación de las conclusiones y propuestas generales a las entidades sujetas de fiscalización, producto de la revisión de la Cuenta Pública 2005, donde se destaca la recurrencia de irregularidades administrativas por parte de los entes auditados.

Lo anterior, según el documento, debido a la inobservancia de las normas contables y la ausencia de controles e indicadores que mejoren la evaluación de las obras y programas, así como a la existencia de vacíos legales.

Al respecto, se propone una serie de reformas para elevar a rango constitucional los principios de fiscalización superior, la reducción de plazos para la integración, revisión y presentación de las cuentas públicas y facultar a la Cámara de Diputados para dictaminarlas, entre otras.

En la reunión también se aprobó el Reglamento Interior y el Manual de Organización del Órgano Superior de Fiscalización, para dar mayor claridad a las disposiciones que regulan su funcionamiento, precisar su estructura orgánica y la función de las unidades administrativas, entre otros.

Al respecto, Julián Olivas Ugalde, auditor de la ASF, precisó que con el nuevo reglamento se precisan las facultades de los servidores públicos de la institución, a fin de dar certeza a sus actividades y evitar impugnaciones por parte de los entes auditados. Agregó que se crea un área de auditoría forense para recabar evidencias y determinar responsabilidades.

Finalmente, la Comisión acordó reunirse de manera conjunta con la Comisión de Educación y rectores de diversas universidades del país, el próximo 21 de junio, a fin de recibir los estados financieros de las instituciones de enseñanza superior, correspondientes a 2006.

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