La iniciativa de Reforma Fiscal propone una nueva calendarización para la presentación de la Cuenta Pública; otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Cámara de Diputados, para que ésta última autorice erogaciones para proyectos de inversión en infraestructura por más de un año y prevé un proceso de fiscalización más eficiente y compartible con los principios de división de Poderes y legalidad.

Luego de que el Ejecutivo Federal enviara a la Cámara de Diputados la Reforma, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales en particular la iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Constitución, donde se proponen nuevos mecanismos para incrementar la calidad con la que se ejerce el gasto y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

De acuerdo con el oficio dirigido a la citada Comisión, que preside el diputado Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), se otorgan facultades a la Cámara de Diputados para autorizar erogaciones a proyectos de inversión en infraestructura que abarquen más de un ejercicio fiscal, de tal manera que los montos se incluirán en los presupuestos subsecuentes. Se precisa que las asignaciones serán sólo en este caso.

Establece un principio constitucional para que los recursos públicos sean asignados de acuerdo a los resultados de programas, es decir, que los entes públicos fijen los objetivos que se lograrán con los presupuestos que se les asignen a sus respectivos programas y se pueda verificar el grado de cumplimiento.

Para ello, se propone reformar el artículo 134 constitucional para que dichos entes cumplan los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

Además se prevé que el gasto que ejercen las entidades federativas y los municipios, sea evaluado por instancias técnicas también con base a los resultados obtenidos, toda vez que los recursos que ejercen representan más de la mitad del presupuesto.

Para ello, la iniciativa detalla un mecanismo de evaluación del desempeño a través del cual se evaluarán los resultados con base en indicadores.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se propone otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes que normen la contabilidad gubernamental y se armonice con los sistemas contables públicos en los tres ámbitos de gobierno.

Se adelanta la fecha de entrega de la cuenta pública del 10 al 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente y la presentación del informe de resultados por parte de la ASF del 31 de marzo del año siguiente a su presentación al 30 de diciembre del mismo en que sea presentada.

También se precisan las funciones de fiscalización de la ASF y se eleva a rango constitucional su facultad contenida actualmente en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para revisar información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en cuestión.

El Ejecutivo Federal propone que la Auditoría pueda emitir recomendaciones no vinculantes sobre el desempeño con base en la revisión del cumplimiento de objetivos de programas federales y que su función de fiscalización esté regulada por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad e imparcialidad.

Además se prevé un procedimiento para que los entes fiscalizados puedan justificar y aclarar las observaciones que se deriven de la revisión de la cuenta pública. Para ello, la ASF podría, en una primera etapa, enviar informes preliminares a más tardar el 30 de octubre para que dichas instancias tengan un plazo de 15 días hábiles para sus aclaraciones.

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