La falta de un marco legal en materia de reproducción asistida conllevaa una serie de irregularidades en los laboratorios, que van desde la discriminación del embrión, su comercialización, manipulación genética, utilización con fines de clonación terapéuticos y, finalmente, su desecho, afirmó el presidente de la Comisión de Salud, Ector Jaime Ramírez Barba (PAN).

El legislador mencionó que en la aplicación de dicha técnica se reproducen entre cuatro o seis embriones para ser implantados en el útero de la madre receptora y cuando uno de ellos logra el objetivo, el resto son congelados para luego ser comercializados, donados o utilizados como material de experimentación y estudio.

En este sentido, añadió, la Comisión que preside ha aprobado un dictamen para regular las técnicas de reproducción humana asistida, el cual fue apoyado por los siete grupos parlamentarios y será puesto a consideración del Pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Agregó que la legislación actual no contempla ninguna regulación para proteger los derechos de los actores involucrados en el proceso, como pueden ser los médicos, pacientes, los hijos nacidos y nonatos (embriones), así como los donantes.

“En la Ley General de Salud tan sólo se establecen disposiciones y conceptos que, aunque son importantes, únicamente se consideran un avance”.

Por lo tanto, dijo, el dictamen pretende establecer un marco jurídico para que las clínicas y hospitales, centros e instituciones de asistencia e investigación, relacionadas con la técnica, cuenten con una certificación por parte de la Secretaría de Salud, a efecto de que se salvaguarde la seguridad de médicos y usuarios.

Al mismo tiempo, se prohíba la selección de embriones para su implante, atendiendo a cualquier característica genética, estética o de sexo que indique signos de discriminación.

Del mismo modo, para prohibir la manipulación del código genético del embrión, su comercialización o de las células germinales y tejidos ganadales; así como cualquier contrato de alquiler de útero o de maternidad subrogada; el empleo de semen de un donante fallecido, sin un documento oficial que avale esta acción como su voluntad.

El diputado Ramírez Barba insistió que la Cámara de Diputados busca regular estas técnicas, a efecto de que se empleen como una solución a los problemas de salud reproductiva, pero no a manera de opción alterna al proceso natural ni tampoco para otros fines que constituyen un delito.

Es indudable, dijo, que las técnicas de reproducción asistida han abierto expectativas y esperanza para el tratamiento de la infertilidad y esterilidad a miles de parejas que las aquejan, particularmente cuando otros procedimientos o tratamientos no han dado resultados satisfactorios.

Sin embargo, sostuvo, esta práctica conlleva una serie de irregularidades que deben evitarse, como la utilización de los embriones con fines experimentales, que de acuerdo con investigadores y expertos en la materia, en nuestro país no hay un registro aunque se estima que existen entre 400 o 500 en estado de congelamiento.

Aunado a ello, destacó el presidente de la Comisión de Salud, con los métodos de reproducción asistida se corren otros riesgos, como el que la transferencia de un elevado número de óvulos conlleve a una tasa de multigestación que es significativamente mayor, llegando en algunos casos a un 18 por ciento de embarazos triples y cuádruples.

“Ante el hecho de los avances científicos, los legisladores estamos obligados a plantear las reglas y normas para regular la ciencia y la tecnología, sobre todo en la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida”, dijo.

El dictamen, refirió el diputado de Acción Nacional, plantea reformar el artículo 466de la Ley General de Salud, adicionar una fracción XVI bis al artículo 3º; así como añadir un capítulo VI bis, denominado Atención de la Pareja Infértil, entre otras.

Concluyó que es imprescindible normar la reproducción asistida, y aceptó que representa uno de los mayores retos para los legisladores, toda vez que implica el replanteamiento ético y jurídico de las normas.

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