El próximo 3 de julio se llevará a cabo en Veracruz, el último foro regional de consulta para la Reforma del Estado, en el que se analizarán las propuestas de los partidos políticos, legisladores, académicos y organizaciones no gubernamentales en torno al tema Democracia y Sistema electoral.

Dicho foro estará encabezado por el presidente de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, el senador Manlio Fabio Beltrones (PRI), así como por el diputado Rogelio Carbajal Tejada (PAN), coordinador de la Subcomisión de Consulta Pública.

En tanto, los diputados Irma Piñeyro Arias (Nueva Alianza), Ricardo Cantú Garza (PT), Mónica Fernández Balboa (PRD) y Adrián Fernández Cabrera (PAN), así como los representantes de Convergencia, Armando Méndez de la Luz; Luciano Pascoe Rippey, de Alternativa Social y Reynaldo Escobar Pérez, del PRI, darán a conocer las propuestas de sus respectivos partidos políticos.

Se espera que en el evento participen, mediante conferencias magistrales, los especialistas en materia electoral y analistas políticos, Jacqueline Peschard Mariscal, Jaime Cárdenas García y César Cansino.

Sobre el tema, el Partido Acción Nacional se ha pronunciado a favor de una reforma que garantice una auténtica competencia electoral, libre y democrática entre los partidos, que genere mecanismos de financiamiento racionalizados, así como la rendición de cuentas y fiscalización, reducir los procesos, hacerlos más equitativos y menos onerosos.

Plantea, entre otras propuestas, establecer un calendario nacional de procesos electorales que compacte las fechas de los comicios locales con los federales; reducir el financiamiento público para el proceso de elección de Presidente de la República, así como para la renovación de la Cámara de Diputados; e incorporar las figuras de referéndum y plebiscito.

Por su parte, el PRD sugiere consagrar en la Constitución el principio de equidad de género y garantizar que todo partido político aplique el criterio para la postulación de candidaturas.

Del mismo modo impulsa, prohibir el uso comercial de radio y televisión con fines políticos electorales, privilegiando los tiempos del Estado para el uso de los partidos y los candidatos a las campañas; y proscribir el financiamiento privado para partidos políticos y candidatos.

Para garantizar el reparto equitativo del financiamiento público, propone que la mitad se asigne con criterio igualitario y la otra en proporción a la votación obtenida; regular las precampañas, así como los programas sociales y la propaganda gubernamental en periodos electorales.

Finalmente, compactar y homologar los procesos electorales, reducir los topes de gastos de campaña y adoptar la utilización de urnas electrónicas, además de renovar el total de autoridades electorales; crear el Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana que sustituirá al IFE, así como prohibir que la participación del gobierno y servidores públicos en los procesos.

El PRI, a su vez, ha señalado que el pasado proceso electoral evidenció que el esquema exige actualizarse e introducir diversos ajustes a las reglas del juego político, a fin de garantizar que la competencia se desarrolle en condiciones de equidad entre las fuerzas políticas.

Considera que en materia electoral, México debe resolver, al menos, dos problemas derivados de su tránsito hacia la democracia; por un lado, la relación entre dinero y política y por otro, la reconstrucción de la confianza en las reglas y autoridades encargadas de conducir las elecciones.

En suma, sugiere una reforma electoral que se traduzca en el abaratamiento de los comicios, reducción de las campañas electorales y una presencia menor y más controlada de los partidos políticos y sus candidatos en los medios de comunicación, así como un sistema de administración más justa, pronta y eficaz.

Para ello, propone integrar el derecho a la información en materia electoral; crear el Registro Nacional Ciudadano y una Comisión Nacional de Fiscalización, así como el Instituto Nacional Electoral, además de actualizar la Ley del IFE; regular las campañas, reducir la duración de las mismas y sancionar la intervención de los poderes públicos en las elecciones, entre otras.

El PVEM sugiere que es necesario disminuir los gastos de las campañas y propone sustituir al IFE por una institución que otorgue mayor certidumbre y que resulte menos costosa para el Estado.

A su vez, Convergencia se manifiesta por la expedición de una Ley de Participación Ciudadana, que contemple mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, mismos que deben ser elevados a rango constitucional; reelección inmediata para Presidente de la República; una Ley de Partidos Políticos; armonizar los calendarios electorales; regular los partidos políticos y normar el registro de candidatos independientes.

El PT señala que el país requiere de una reforma electoral democrática, que rompa con las conductas actuales y se garantice el respeto absoluto a la voluntad popular, por lo que se debe crear el Instituto Nacional de Elecciones.

Por lo que respecta a Nueva Alianza, señala que es insoslayable procesar reformas de tercera generación que permitan la reducción de tiempos y costos de las campañas, regular las precampañas y la reelección de presidentes municipales.

Finalmente, Nueva Alianza y Alternativa Social coinciden que es necesario reducir los costos de campañas y su regulación, entre otras más.

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