La reforma del Congreso debe considerarse en el marco de la Reforma del Estado e incluir como elemento fundamental la consolidación del Estado de Derecho, que no se ha alcanzado en México, afirmó el senador Pablo Gómez Álvarez (PRD) en el marco del curso taller El Funcionamiento del Congreso, Comisiones y Técnica Legislativa.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador del PRD señaló que los poderes supremos no siempre están sometidos al Estado de Derecho; “el concepto es ver qué me ayuda en la ley y la invoco, pero en lo que me perjudica, la ignoro”, denunció.

Indicó que la integración del Congreso no constituye un problema de funcionamiento, “el gran problema es la vigencia del Estado de Derecho, el mecanismo por el cual el Estado se somete a su propia ley”.

De ahí que se pronunciara por no disminuir el número de legisladores y mantener esta integración, pues es un sistema mixto que tiene un mecanismo por el que ningún partido se puede representar por más de 8 puntos porcentuales.

Durante su intervención en la Mesa Reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de 1999, dijo que el Presidente de la República no debe ser sujeto de juicio político, pues el Congreso de la Unión, por responsabilidad política, no debe tener el poder de sustituirlo.

El legislador indicó que otorgarle al Poder Legislativo esa atribución, daría paso a la “tentación de quitarlo por cualquier cosa” y pondría al país al borde de la crisis política.

En lo que se refiere a la comisión de delitos por parte del Presidente, agregó que con el procedimiento señalado en la Constitución se le puede crear un “proceso en el aire”, sin que haya una averiguación previa del Ministerio Público, pues la Carta Magna no entra en esos detalles, dejando a juicio de la Cámara de Diputados la gravedad del delito.

Además, se manifestó por transparentar el proceso legislativo y prohibir, entre otras cosas, los dictámenes de corredor, “pasarlos a firma en los pasillos del pleno afecta la dignidad del proceso y de quienes lo llevan a cabo”.

También dijo que se debe revisar el procedimiento de juicio político, “hay que quitarle el embrollo burocrático y resolver como viene; de lo contrario, el Estado de Derecho seguirá siendo muy precario, en lo que toca al Ejecutivo; un secretario viola las leyes cuando quiere y no pasa nada”.

Además, indicó que se debe reformar el procedimiento de la Declaración de Procedencia. Propuso que se abra el proceso penal y una vez que haya sentencia de un juez, éste lo comunique a la Cámara para que ella decida si entrega o no al indiciado.

“Si se le entrega, se procede al desafuero y lo metes a la cárcel y si no lo entrega, pues ya lo meterán a la cárcel cuando termine sus funciones”.

Llamó a la sensibilidad de los legisladores para cambiar estos procesos, porque las reglas actuales lo complican todo.

Previamente, Manuel Alba Navarro, Secretario General del Congreso de los Diputados del Reino de España, presentó la estructura y funcionamiento de la asistencia técnica en las Cortes Generales de España.

Dijo que la profesionalización de la vida política tiene una repercusión aplastante en la necesidad de servicio parlamentario; “exige edificios parlamentarios, sedes, tecnologías, prestaciones económicas, etcétera; si queremos que los diputados y senadores estén bien atendidos, debemos crecer en recursos materiales y humanos, porque la asistencia técnica es un elemento imprescindible de la función parlamentaria”.

El curso taller continuará este martes con la mesa redonda El funcionamiento de las Comisiones a la Luz de la Ley Orgánica del Congreso General, en la que participará, entre otros ponentes, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, María Elena Álvarez Bernal.

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