En el marco de la discusión para la Reforma del Estado, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, organismos de protección a las garantías individuales, funcionarios y especialistas, coincidieron en que es urgente actualizar la Constitución en la materia, toda vez que, pese a los avances, continúa habiendo rezagos y la hace una de las más atrasadas del mundo.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeheira López Reyna (PAN) reconoció que en el país persiste la violación a las garantías individuales, por lo que el Poder Legislativo busca una reforma que eleve a rango constitucional la protección de éstas.

Durante el foro “Mecanismos de Defensa de los Derechos Humanos”, la legisladora resaltó la importancia de analizar el sistema jurídico mexicano, en particular, la forma de interpretar y aplicar la normatividad existente.

“El presente foro es un comienzo para determinar los supuestos necesarios de reforma y aquellos que precisan la modificación para garantizar el respeto a los derechos humanos”, subrayó.

Agregó que es preocupante que el tema de los derechos humanos se politice.

Mencionó que para lograr la reforma a la Constitución se convocó a 10 foros en distintos estados del país de forma coordinada con el Senado de la República y el alto comisionado de la ONU, “para buscar una propuesta conjunta en el marco de la discusión de la Reforma del Estado y que los derechos humanos se eleven a rango constitucional”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Iacaza, destacó que es importante recuperar la pertinencia de una reforma constitucional en materia de derechos humanos y de hecho, dijo, este momento es privilegiado porque se discute la Reforma del Estado.

Destacó que pese a que nuestra Carta Magna fue una de las primeras constituciones sociales del siglo XX, hoy es una de las últimas en materia de derechos humanos, no sólo en el continente, sino en el mundo.

Por eso, añadió, no sólo es importante actualizar la Constitución, sino generar un pacto social con la centralidad de los derechos civiles y políticos, además de incorporar los económicos, sociales y culturales; lo que nos lleva a una redefinición del concepto democracia.

Indicó que a pesar de que en materia de derechos humanos se ha avanzado en los últimos 30 años, es indudable que persisten las violaciones, sobre todo, la tortura, la cual es recurrente en las corporaciones policiacas.

Opinó que en el marco de la Reforma, es obligado revisar los beneficios del sistema jurisdiccional de derechos humanos, porque además de ser el más extenso y grande del mundo, también es el más caro. “Ningún país destina tanto dinero como México en instituciones de derechos humanos, por lo que debemos revisar el costo-beneficio”.

Aseguró que a más de 15 años de la creación de la figura de las instituciones de protección a los derechos humanos, en el país existen 11 organismos estatales que, por mandato de su constitución, aún carecen de autonomía.

Por ello, insistió que es urgente adoptar mecanismos que ayuden en la confianza de la ciudadanía, como acotar la discrecionalidad en la selección de los titulares, transparentar sus acciones y avanzar en el fortalecimiento institucional que signifique crear servicios profesionales

“Es muy bueno que se retomen estos trabajos, porque es penoso que México tenga una de las últimas constituciones en materia de derechos humanos; siento, como dice la cultura popular, que nos hemos dormido en nuestros laureles y todavía hay quienes se fundamentan en el concepto y se agarran como clavo ardiendo, de la idea de las garantías individuales, o bien, piensan en la reconstrucción de esa cultura jurídica, anclada en el pasado”.

El representante del alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, reconoció la voluntad y esfuerzo de México para contar con un marco jurídico que garantice las garantías individuales de sus ciudadanos.

Aseveró que la reforma constitucional en esta materia implica unreto político y técnico de gran trascendencia, de modo que deberá tratarse de una iniciativa ampliamente consensuada por todos los actores políticos y sociales, incluyendo además de los partidos, a los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, académicos, organizaciones civiles y a los pueblos indígenas, entre otros.

Destacó que aunque la Constitución Política de 1917 ha sufrido desde su inicio y hasta la fecha más de 70 reformas en su capítulo I, correspondiente a Garantías Individuales, “realmente no se ha reformado de tal manera que esté al nivel de las más modernas del mundo”.

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