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Boletín N°. 1376 Exponen delegados de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón a diputados riesgos por asentamientos irregulares

Integrantes de la Comisión del Distrito Federal y los jefes delegacionales de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, Gabriela Cuevas Barrón y Leonel Luna, respectivamente, se reunieron a fin de analizar posibles soluciones a los hundimientos y demás problemas provocados por minas subterráneas en estas demarcaciones, los cuales se acentúan en esta época de lluvia.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (PRD), presidente de esta comisión, señaló que no es la primera vez que los legisladores analizan esta situación, ya que en diciembre pasado solicitaron recursos para estas delegaciones, petición que, explicó, fue rechazada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Gabriela Cuevas informó que la delegación Miguel Hidalgo invertirá en 2007 cerca de siete millones de pesos, de los cuales 600 mil pesos se ocuparán en un estudio que hará el Instituto Politécnico Nacional para determinar la situación de peligro de las zonas con minas, y lo demás se canalizará a rellenar más de 23 mil metros cúbicos de estos túneles.

Expuso que el problema en ambas delegaciones viene desde los años 30, cuando se autorizó la explotación de minas de arena y grava que no se reforzaron. Con el crecimiento demográfico la zona poniente se pobló sobre “bóvedas inestables que se podrían colapsar o hundir, situación que se agrava por las filtraciones de agua o sismos”.

Asimismo, comentó que la delegación también revisa dos posibilidades: una es rellenar las minas con un material que se utilizó para el mismo fin en Atizapán y que representaría un gasto de entre 200 y 300 pesos por metro cúbico; la otra es poner pilares que sostengan los túneles, lo que resultaría más económico.

La diputada Valentina Batres Guadarrama (PRD) cuestionó a la funcionaria si ha solicitado dinero al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, lo cual evitaría esperar hasta el presupuesto en septiembre.

Gabriela Cuevas indicó que sí se planteó la posibilidad, pero que se debe hacer a través del gobierno del Distrito Federal y eso implica demasiados trámites burocráticos que imposibilitan que se aplique el recurso.

Por su parte, Alfonso Suárez del Real (PRD) preguntó si, a efecto de evitar más problemas, el gobierno de la delegación ha tomado medidas de protección civil, como evitar el tráfico de camiones pesados por las zonas minadas.

“Ya estamos tomando medidas por la construcción del Eje 5 Poniente y hay charlas con la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Federal para prevenir problemas e informar a la gente”, respondió.

En su oportunidad, Leonel Luna explicó que en la delegación Álvaro Obregón hay un problema más grave porque no sólo se trata de las minas, sino de que el 60 por ciento de la gente en esa demarcación habita en zonas de alto riesgo, como laderas, barrancas y desfiladeros, además de zonas de relleno.

Tenemos un convenio con el instituto de Geofísica de la UNAM para hacer un monitoreo de la delegación y estudiar las soluciones más viables para todas estas complicaciones, observó.

El ejemplo más reciente de problemas en estas delegaciones, subrayó, se dio en septiembre del año pasado cuando la colonia Las Golondrinas sufrió un hundimiento. “Pedimos que se declarara zona de desastre, después hubo tres exhortos de la Asamblea Legislativa, dos de la Cámara de Diputados y uno del Senado, todos con el mismo fin, pero el Gobierno Federal no liberó recursos”.

En este sentido, el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN) aseguró que los funcionarios no pueden culpar al gobierno federal porque resolver la problemática le corresponde al Distrito Federal; agregó que los delegados cuentan con recursos suficientes para rellenar las minas.

“Exijan al Gobierno del Distrito Federal que les de más recursos para resolver este problema y no le quiten dinero a los fondos de desastres naturales, porque son prioritarios en otras zonas del país”, argumentó.

La diputada Batres Guadarrama aseveró que el problema de la delegación Álvaro Obregón no sólo es culpa del Distrito Federal porque las minas se construyeron a principios del siglo XX con permiso del Gobierno Federal y ellos tiene que asumir su responsabilidad.

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