Reformar la Ley de Amparo, modificar el sistema penal sin incurrir en mayores penas o castigos, incluir en la Constitución los acuerdos y tratados internacionales y ampliar las facultades de los organismos de defensa de las garantías individuales, fueron parte de los planteamientos durante el foro “Garantías y Mecanismos de Defensa de Derechos Humanos”.

Las propuestas, aseguró la diputada Omeheira López Reyna (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, serán retomadas para elaborar una aportación única dentro del marco de la Reforma del Estado.

Previo a ello, el magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, Walter Arellano Hobelsberger, indicó que la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una reforma a la Constitución es establecer las diferencias de los conceptos de derechos humanos, garantías individuales y las denominadas garantías sociales.

Señaló que lo trascendental sería que el juzgador, al desempeñar su función jurisdiccional, conociera la concepción de los derechos humanos, de tal manera que en su proceder reflejara cabalmente tal influencia para entender, interpretar, razonar y argumentar sus determinaciones, además de que, dijo, es necesario reformar la Ley de Amparo.

El general brigadier de Justicia Militar, Eduardo Enrique Gómez García, de la Procuraduría General de la República, afirmó que el sistema de justicia penal enfrenta una severa crisis.

Es decir, indicó, la prevención, procuración e impartición de justicia, así como la readaptación social, enfrentan una serie de problemas que parecerían no tener soluciones en el corto plazo, lo que desespera al Estado y a los legisladores y buscan como remedio incrementar las penas y sanciones, sin embargo, esa no es la solución porque los resultados son atroces.

En este sentido, dijo que el reto del Estado es buscar cómo hacer más eficiente el Código Penal, mediante innovaciones adecuadas a los intereses sociales, el pleno respeto a los derechos humanos y dar fortaleza a las instituciones federales.

Por su parte, Luis Miguel Cano, de la Universidad Libre de Derecho, señaló que la defensa de los derechos humanos no puede esperar otros cinco años, por lo que urgió a los actores políticos involucrados a mejorar los mecanismos jurisdiccionales, aun con las consecuencias políticas que esto conlleva.

Hizo referencia a dar mayores facultades a los organismos estatales de derechos humanos y a los acuerdos o tratados internacionales, los que, dijo, sólo están por debajo de la Constitución y en términos prácticos, por encima de toda ley federal o estatal.

A su vez, Miguel Francisco González Canudas, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, orientó su tema a los rangos jurídicos de los tratados internacionales.

Indicó que la Corte ha señalado que éstos se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y, en un segundo plano, por debajo de la Constitución, lo que implica la anulación o reserva de manera expresa de las sentencias de organismos internacionales.

En este contexto, refirió que en las propuestas de los partidos políticos para elevar a rango constitucional el reconocimiento de los derechos humanos se debe incluir el tema de los tratados internacionales.

Gerardo Gil Valdivia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó que éstos preceptois deben ser el centro de todas las políticas públicas.

Agregó que es fundamental incluir el aspecto jurídico en todas las previsiones de dichas políticas y en este sentido propuso un conjunto de ideas, entre otras, la integralidad de los derechos humanos y un Estado constitucional de derecho, que brinde la protección de los individuos no sólo frente a las autoridades nacionales de los tres niveles de gobierno, sino ante poderes fácticos.

Participaron en los paneles Joel Hernández García, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores; José Dávalos Morales, del Instituto Federal de la Defensoría Pública; Santiago Nieto Castillo, del Centro de Capacitación Judicial Electoral y José Luis Gómez Tapia, de la Universidad de Hidalgo.

De igual forma: Miguel Sarre Iguiniz, catedrático del ITAM y Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri, además de Omar Williams López Ovalle, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes.

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