Para combatir el rezago de vivienda, se requieren usar 15 mil hectáreas de terreno urbano por año, señalaron miembros del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, (CONOREVI), en reunión con la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados que preside el diputado Diego Aguilar Acuña (PRI).

Señalaron que cada año se forman 300 mil nuevos hogares en situación de pobreza, de los cuales, 125 mil se ven obligados a ocupar el suelo de manera irregular, 100 mil se asientan en lotes familiares y 50 mil no tienen otra alternativa más que el hacinamiento.

Ante esos retos, los legisladores reconocieron la necesidad de crear una política integral de Estado en el ámbito habitacional, para incrementar la calidad de vida de las familias, señaló el diputado Daniel Chávez García, secretario de la Comisión de Vivienda.

El diputadoDiego Aguilar Acuña (PRI), resaltó la necesidad de intercambiar puntos de vista con dicho consejo para conocer la problemática del sector en las entidades federativas.

En tanto, Juan Manuel Fernández García, presidente del CONOREVI, destacó la importancia de trabajar en forma responsable con los organismos federales, a fin de incrementar las oportunidades de vivienda para las familias de bajos ingresos en el país.

“Queremos ser los mejores aliados de los legisladores, estaremos siempre dispuestos al diálogo. Nos comprometemos a coadyuvar en propuestas con una visión progresista y de compromiso social”, señaló.

Mirna Hernández Morales, Norma Yolanda Armenta Rodríguez, Pablo Carneado García, junto con otros representantes del CONOREVI manifestaron que se debe atender con prontitud y sensibilidad las necesidades persistentes en el rubro de la vivienda básica.

Urge una política de prevención para acentuar la planeación del desarrollo urbano nacional, expresaron. Los integrantes del CONOREVI estimanque para el año 2020, el 80 por ciento de la población vivirá en ciudades.

Además, demandaron que los trámites en cuestión habitacional sean regulados para que no sirvan al servicio de las necesidades políticas de las instituciones.

Asimismo, propusieron la creación de un Reglamento para la Ley General de Asentamientos Humanos, regular territorios federales e incrementar los recursos de gobiernos estatales y municipales en materia de vivienda.

Ante el análisis de la Reforma Fiscal, pidieron incluir la deducibilidad del pago mensual de vivienda a trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos.

De igual manera, solicitaron tasa cero en materia de Impuesto al Valor Agregado en todo lo que tiene que ver con la vivienda social, así como una política de estímulo al arrendamiento.

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