En la Ciudad de México, de 4 mil quejas de violación de los derechos humanos, sólo 2 son de personas con discapacidad auditiva, informó Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

En la inauguración del foro “Avances y Retos de la Comunidad Sorda Mexicana”, el ombudsman capitalino señaló que “las personas con discapacidad auditiva comprenden el 10% de la población mundial. En el país se estima que hay casi 1.8 millones de personas con discapacidad, casi el 2% de la población total”.

Declaró que existe una relación muy estrecha entre discapacidad, pobreza y exclusión social. “Sólo 31 de cada 100 personas con discapacidad auditiva, mayores de 12 años, tienen un trabajo”.

Refirió que al no gozar de prestaciones laborales, este sector carece de protección en materia de salud y tienen menores ingresos.

En educación, resaltó que el promedio nacional de escolaridad es de 8.1, el de las personas con discapacidad auditiva es de 3.4 años.

La diputada María Esperanza Morelos Borja (PAN), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, reconoció que es preciso conocer las necesidades especiales de la comunidad de personas con discapacidad.

La diputada destacó que cuando se tiene una discapacidad auditiva no se desarrollan habilidades de aprendizaje y se reducen las oportunidades para educarse, trabajar y producir.

Recordó que en la LIX Legislatura se aprobaron diversas reformas a la Ley General de Salud y citó el ejemplo del Artículo 3°, Cuarto Bis, que garantiza el cuidado a la salud auditiva dentro del programa de nutrición materno infantil de los pueblos y comunidades indígenas.

De igual manera, resaltó el derecho a la detección temprana de la sordera y su tratamiento en todos sus grados y desde los primeros días del nacimiento.

Dentro del Foro “Avances y Retos de la Comunidad Sorda de México” se abordará este jueves y viernes la problemática de las personas con discapacidad auditiva en materia de educación, trabajo y economía, salud, derechos humanos, accesibilidad y formación de intérpretes.

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