La diputada María Esperanza Morelos Borja (PAN), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señaló que es necesario homologar el lenguaje de señas para impedir problemas de comunicación en personas con discapacidad auditiva, porque algunos signos tienen significados diversos.

En el Foro “Avances y Retos de la Comunidad Sorda Mexicana”, se comprometió a concretar una cita con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para solicitar la capacitación de maestros en el lenguaje de señas y así se pueda atender a niños con problemas de audición.

Al conocer propuestas por parte de miembros de la comunidad silente, Morelos Borja argumentó que se tiene que certificar la formación de intérpretes para impedir que se pueda manipular a las personas sordas.

Mencionó que la comisión a su cargotrabaja en unestudio de armonización legislativa con respecto a la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, con objeto deproponer leyes que impacten directamente en la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes.

En tanto, Javier Moctezuma Barragán, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, señaló que es importante iniciar el siglo XXI con una nueva actitud para incluir a todas las personas que tienen alguna discapacidad en la construcción denuestra sociedad.

Moctezuma Barragán destacó la necesidad de la unidad entre grupos de personas con discapacidad “para hacerse visible y lograr el respeto de sus derechos”.

Comentó que la Convención Interamericana para la Eliminación de toda Discriminación contra Personas con Discapacidad logró que se tomara en cuenta a quienes tienen capacidades diferentes, lo que permitirá establecer mecanismos para combatir el abuso de poder en contra de este sector de la población.

El representante de la CNDH resaltó que en dicha convención se aportaron dos nuevos derechos para las personas con capacidades diferentes: el Derecho de Accesibilidad, el cual consiste en asegurar que las personas con discapacidad tengan un adecuado entorno físico, transportes, información y comunicaciones; y el Derecho de Ajuste Razonable, para garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

En tanto, Ricardo Bucio Mújica, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, declaró que la ausencia de políticas públicas impide que haya mecanismos de sanción para los servidores que incurran en prácticas discriminatorias.

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