El test para detectar consumo de drogas que se realice en escuelas primarias, secundarias y preparatorias no debe vulnerar los derechos humanos de niños y jóvenes, sino garantizar que esa información quede al resguardo de la autoridad y sea del conocimiento sólo de los padres de familia para ayudar a quienes presenten signos de adicción.

Coincidieron en lo anterior diputados de diversas fracciones parlamentarias al referirse al programa anunciado por el Presidente de la República, Felipe Calderón, para detectar problemas de drogadicción en los estudiantes.

En su oportunidad, el diputado Rodrigo Medina De La Cruz (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que se debe actuar adecuadamente para evitar que los niños y jóvenes sean víctimas de acciones que podrían calificarse de negativas, aunque sean necesarias

Reconoció que este programa dará un diagnóstico real de cómo ha avanzado el narcomenudeo en las escuelas y permitirá implementar con oportunidad estrategias de rehabilitación para los alumnos que presenten signos de adicción.

En ese sentido, indicó que se requiere una infraestructura completa para enfrentar la demanda de rehabilitación que se podría originar con este programa.

Señaló que en relación al combate delnarcomenudeo y a las adicciones, hay mucho por hacer; apuntó la necesidad de intensificar la lucha contra este flagelo social y dar a conocer de manera más clara las estrategias de combate “para no centrarse en una que es reactiva y que tiende a cargar parte de la responsabilidad a posibles consumidores”.

Además, se pronunció porque también se aplique el antidoping a las autoridades y funcionarios encargados de combatir el narcomenudeo.

En su oportunidad, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), presidente de la Comisión de Salud, dijo que México enfrenta un problema muy serio en materia de adicciones, pues el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, matan a más de 165 mexicanos cada día.

Indicó que la farmacodependencia debe atacarse por la vía de la prevención para detectar a tiempo las conductas de riesgo, pues “cada vez hay gente más joven, muchachitos que a los 12 años se inician en las adicciones”.

Por ello, consideró que para enfrentar este problema de salud pública no es suficiente establecer prohibiciones en la ley, es necesario que la sociedad sea más activa en esta lucha. “La pregunta es si sólo le compete al Estado y la respuesta es: absolutamente no, nos compete a todos porque es un problema nacional”.

Explicó que si los padres de familia no están atentos y alertas de lo que está pasando con sus hijos, todas las leyes no serán suficientes. “La sociedad debe hacer conciencia y exigir sus derechos a la protección a la salud, al medio ambiente y a una vida plena, en el caso de los niños”, subrayó.

Dijo que ésta es una lucha incesante, por ello se están promoviendo diversas iniciativas para proteger a los mexicanos más vulnerables de las adicciones a las drogas legales. Adelantó que en próximos días se presentará una ley anti tabaco que será mucho más rígida.

En su oportunidad, Carlos Madrazo Limón (PAN), integrante de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que el programa será muy positivo si se aplica para ayudar –y no para perjudicar— a los estudiantes y si se garantiza que esa información quedará al resguardo de la autoridad y será del conocimiento de los padres de familia para que tomen cartas en el asunto.

“Como padre de familia, estoy totalmente de acuerdo con ello, si los papás no podemos darnos cuenta de que nuestros hijos cayeron en un problema como éste y nos avisan, es muy aceptable”.

Dijo que uno de los trabajos que tendrán que adoptar los DIF a nivel nacional, tanto federales como estatales y municipales, tiene que ver con la rehabilitación, porque este tipo de problemas puede acabar con una familia.

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