Poca claridad en el gasto de los institutos de salud de los estados, carencia de infraestructura hospitalaria y medicamentos, así como un mal programa de credencialización, son los retos que tiene que resolver el Seguro Popular, aceptó Daniel Karam Toumeh, Comisionado Nacional del Sistema de Protección Social en Salud durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

El funcionario dijo que la credencialización no ha dado buenos resultados, “por eso los legisladores tienen nuestro apoyo para que hagan las investigaciones y fiscalizaciones necesariasa fin de resolver este problema”. Aunque, afirmó, esto no ha puesto en peligro la existencia del Seguro Popular.

Sin embargo, argumentó que desde su creación en 2004, el Seguro Popular ha dado más de 40 millones de consultas, atendido 350 mil partos, 112 mil cirugías y ha financiado los medicamentos de 16 mil 937 pacientes con VIH-Sida.

Margarita Arenas Guzmán, diputada del PAN, observó que las políticas públicas de salud del Presidente Felipe Calderón están a favor de la población más desprotegida; por ello, mencionó, es necesario apoyar al Seguro Popular con recursos en el Presupuesto de 2008 para que siga beneficiando a la gente.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (PRD) exigió que el Sistema de Protección Social en Salud plantee los cambios necesarios que le permitan al “Seguro Popular” operar mejor a fin de beneficiar al mayor número de personas posible, como en el caso de la credencialización.

En tanto, Maricela Contreras Julián, también del PRD, calificó al Seguro Popular como un sistema excluyente; asimismo pidió datos sobre las mujeres que padecen cáncer y son atendidas por este programa.

Karam Toumeh precisó que en los últimos 25 años han fallecido más de 102 mil mujeres por cáncer cérvicouterino, por lo que se pretende que el 30 por ciento de los recursos destinados para los estados se utilice en programas de prevención.

En ese tenor, destacó que no sólo hacen falta recursos monetarios, pues en algunos estados se cuenta con equipos de detención, pero hacen falta médicos especializados en la lectura de los resultados.

Por su parte, la diputada María Oralia Vega Ortiz (PRI) cuestionó al funcionario sobre las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación al Seguro Popular, en la Cuenta Pública 2005.

Su compañera de bancada, Elizabeth Morales García,denunció la mala condición de los hospitales y la carencia de insumos, medicinas así como la falta de recursos materiales y humanos para el mantenimiento de aparatos e instalaciones.

El comisionado aseguró que las irregularidades presentadas por la Auditoría Superior de la Federación obedecen a que “le entregamos información equivocada y cuando hizo sus observaciones ya era demasiado tarde para corregir nuestro error; estamos dispuestos a que se practique una nueva auditoría para demostrar que no existen tales irregularidades”.

Olga Patricia Chozas y Chozas, diputada del PVEM, afirmó que ningún programa social ha contado con tantos recursos como el Seguro Popular, por lo que es necesario exigir que dé buen servicio. “En 2007 se le asignó un presupuesto de más de 26 mil millones de pesos y para 2008 se piensa otorgarle cerca de 40 mil millones de pesos”.

Destacó la preocupación de que el Seguro Popular reduce el derecho a la salud, “pues solamente se atiende a los beneficiarios si el padecimiento que tiene está incluido en la lista de enfermedades definidas por el Consejo de Salubridad General”.

El comisionado informó que en los próximos cinco años se deberán canalizar recursos por 35 mil millones de pesos para poner en operación 3 mil 500 unidades, “pero no sólo se trata de tener los inmuebles, en algunos estados no hay recursos humanos ni medicamentos”.

El diputado Juan Abad de Jesús (Convergencia) solicitó al Comisionado un informe sobre el seguimiento de la denuncia penal contra Juan Antonio Fernández, ex titular del Seguro Popular, quien incurrió en daño patrimonial por más de 368 millones de pesos y afectó el proceso de credencialización de los servicios de salud.

En una ronda adicional, el presidente de la Comisión de Salud Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), preguntó sobre la eficacia en la aportación solidaria estatal; la cantidad de recursos perdidos por la mala compra de medicamentos, y propuso establecer mecanismos de adquisición de medicamentos que permitan ahorros significativos.

Más adelante, el diputado Daniel Dehesa Mora (PRD) cuestionó sobre las condiciones laborales del personal médico y de enfermería que prestan sus servicios en el Seguro Popular e hizo referencia a que más de 80 por ciento de familias afiliadas están entre los deciles más bajos, lo que ocasiona una aportación muy baja.

Al responder, Karam Toumeh señaló que hay un gran número de profesionales de la salud que no cuentan con las prestaciones que por ley deberían tener, por lo que se solicitó a todas las entidades federativas destinar el 15 por ciento del recurso canalizado a regularizar la situación laboral del personal médico y de enfermería.

Sobre el surtimiento de medicamentos dijo que se está implementando una estrategia integral que contempla, entre otras cosas, un esquema de incentivos para premiar a las entidades federativas que tienen un mejor desempeño en cuanto al abasto de medicamento y la compra eficiente.

Sobre las diferentes estructuras de los regímenes estatales de protección social, señaló que hay 32 esquemas diferentes, por lo que se pronunció porque se impulse una reforma legal que permita dar orden a estos regímenes estatales en todas las entidades.

Dijo que la principal fuerza del Seguro Popular es que es un mecanismo por el cual la ciudadanía ejerce sus derechos y es un programa que tiene una demanda creciente; pero reconoció que se le debe imprimir mayor sensibilidad y responsabilidad social, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas ante todos los órganos fiscalizadores.

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