La Comisión de Puntos Constitucionales analizará en su próxima sesión el proyecto de dictamen que, con base en un dictamen del Senado, buscará regular los sueldos de los servidores públicos.

En este sentido, el presidente de este órgano legislativo, Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), presentó el proyecto cuyo objetivo es fijar constitucionalmente un tope del sueldo máximo anual de los funcionarios.

“Hay que poner límites a los salarios en los tres niveles de gobierno para evitar abusos en cuantoa los ingresos de los servidores públicos; el dictamen se revisará a finales de julio y podría ser aprobado en un periodo extraordinario, si éste se convoca”, dijo.

Dentro del predictamen se establece que las percepciones se disminuirían en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal para 2008 e incluirán: aguinaldos, premios, bonos, dietas, recompensas, gratificaciones, estímulos, comisiones, compensaciones y fondos de retiro o ahorro.

Se exceptúan jubilaciones y pensiones al considerar que “son un derecho que se gana con el trabajo y están reguladas con leyes propias; además, no se consideran parte de la remuneración de un servidor público”.

Asimismo, se pretende regular el régimen de liquidaciones para frenar los excesos cometidos por funcionarios cuando, al finalizar sus encargos, reciben compensaciones desproporcionados.

También se propone la creación de órganos denominados Comités de Transparencia y Valoración Salarial, uno a nivel federal y otro en cada entidad federativa; su función será auxiliar en el establecimiento de parámetros para fijar los montos del salario de los servidores públicos. Sus integrantes no recibirán remuneración.

Con estas reformas se espera transparentar las percepciones de los funcionarios y coadyuvar en el establecimiento de medidas que acerquen al gobierno en sus tres niveles a un mejor sistema de rendición de cuentas.

Las reformas a los artículos 75, 115, 123 y 127 constitucionales ayudarán a reivindicar la percepción que tiene la sociedad de que los sueldos en el gobierno son fijados arbitraria y excesivamente.

Informe Presidencial

Construir un escenario propicio para el análisis y discusión del informe que anualmente entrega el Presidente de la República al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la Administración Pública del país, es el fin que busca el predictamen que presentó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin embargo, el diputado Cárdenas Hernández advirtió que este asunto se revisará a finales de julio y podría sufrir muchas modificaciones.

En el documento se argumenta que es conveniente modificar la fecha y el formato de entrega del informe presidencial para obtener resultados positivos y que, no obstante las divergencias políticas, los grupos parlamentarios propongan alternativas para corregir los errores en la administración del Presidente en turno.

De aprobarse las modificaciones a los artículos 67, 69 y 93 constitucionales y seis, siete y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, el Presidente de la República haría llegar al Congreso de la Unión un informe por escrito el día de apertura de sesiones ordinarias del segundo periodo de sesiones (uno de febrero) sin tener que presentarse personalmente.

Los legisladores tendrían hasta 20 días hábiles para analizar su contenido y solicitar la comparencia de los Secretarios de Estado para abundar en la información.

El primero de marzo de cada año, el titular del Ejecutivo Federal acudiría a sesión plenaria del Congreso de la Unión donde los legisladores le comunicarían las recomendaciones derivadas del análisis del Informe; éstas deberán ser valoradas y atendidas por el Presidente, dando respuesta escrita a cada una de ellas en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

En esta sesión harían uso de la palabra legisladores de los grupos parlamentarios representados en el Congreso y el propio Presidente.

Sin duda, se afirma en el predictamen, este nuevo formato de Informe mejoraría la colaboración que existe entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo porque así habría un mejor seguimiento a las políticas públicas relativas a la planeación nacional del desarrollo económico y social.

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