Integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones Contra Periodistas y Medios de Comunicación, que preside el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), señalaron que los resultados presentados por la Fiscalía no reflejan la realidad del país.

Durante la comparecencia de Octavio Orellana Wiarco, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República, Priego Tapia indicó que éstos “son resultados poco visibles para organizaciones de periodistas, de derechos humanos, dueños de medios y directores editoriales”.

En tanto, Orellana Wiarco negó que México sea el segundo país que representa mayores riesgos para los periodistas, sólo después de Irak. “No podemos comparar a México con Irak o Colombia; el manejo de cifras que así lo señalan tiene una connotación que rechazamos porque otras investigaciones más serias nos ubican en lugares muy distantes de ese lamentable segundo lugar”, enfatizó.

Dijo que en una investigación del Comité para la Protección de Periodistas se señala que México ocupa la décimo quinta posición de riesgos para periodistas, desde 1992.

Agregó que en el sexenio pasado, en el país fueron asesinados entre 10 y 11 periodistas, mientras que en Irak fueron 65, lo que representa una desproporción.

Por lo que respecta a Colombia, dijo que entre 1993 y 2004, fueron asesinados 105 periodistas, de los cuales 54 homicidios se debieron al ejercicio de su profesión. “Ante estas cifras se puede decir que los datos que señalan que México es el segundo lugar, no corresponden a la realidad”.

En su oportunidad, Priego Tapia denunció el poco interés de algunos gobernadores estatales respecto al tema de la libertad de expresión.

Indicó que la comisión debe conocer en cuáles estados hay más incidencias de agresiones o dónde ha habido más señalamientos de que los ejecutivos locales no sólo no promueven la libertad de expresión, sino que tratan de vetarla y reprimirla.

Dijo que los estados en donde se han intentado reunir son Jalisco, D.F., Estado de México, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Coahuila y Tamaulipas, donde la situación es muy grave por el número de asesinatos de periodistas.

Más adelante, el diputado Javier Bolaños Aguilar (PAN), mencionó que la comisión impulsará los mecanismos necesarios que permitan erradicar las situaciones de riesgo para los periodistas, por lo cual es necesario intensificar el trabajo coordinado con la SIEDO y la PGR.

Preguntó sobre el número de casos y el estado que guardan; además pidió información sobre la conformación del mapa de agresiones.

Al responder, Orellana Wiarco informó que entre febrero de 2006 y junio de 2007, la fiscalía a su cargo conoció 170 asuntos, de los cuales se han resuelto 102.

De esos 170, 90 se enviaron de diversos estados de la República a la PGR, de los cuales se determinaron 62. La fiscalía recibió 58 asuntos y ha resuelto 33; la SIEDO 21 y siete están resueltos; hay uno pendiente en la visitaduría.

Sobre el mapa de agresiones, advirtió que la mayoría de los ilícitos denunciados se cometen en el Distrito Federal, donde predomina el delito de amenazas; Tamaulipas, que tiene proporcionalmente los más graves: homicidio y privación ilegal de la libertad; seguidos por Oaxaca y el Estado de México.

En su oportunidad, María del Rocío Morgan Franco (PAN), señaló que algunos gobernadores no reciben a la comisión y preguntó si la fiscalía tiene los mismos problemas de comunicación con los ejecutivos estatales.

A ello, Orellana Wiarco respondió que la fiscalía ha obtenido respuesta a sus solicitudes en estados como Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, D.F., y Quintana Roo. No obstante, reconoció que en otros casos no ha recibido los informes correspondientes.

“No son negativas en el sentido de que nos cierren las puertas, pero la información no fluye, se nos da en forma parcial”. Por ello, insistió en que es necesario federalizar el delito de agresiones a periodistas “para salvar en una reforma legislativa esta situación”.

En cuanto a la coordinación con la Subprocuraduría de la Delincuencia Organizada (SIEDO) afirmó estar en constante relación y se ha obtenido la información solicitada, sin embargo, en algunas ocasiones es muy escueta dada la secrecía de sus investigaciones.

Resaltó la importancia abordar este asunto toda vez que existen limitantes para la función de esta dependencia. Explicó que para poder atraer un caso se debe establecer la conexión de esas agresiones con un delito federal o con delincuencia organizada a fin de ejercer la facultad de atracción.

En su oportunidad, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), manifestó su preocupación porque el trabajo de esta comisión se ha visto frenado por la poca disposición de gobernadores para visitar los estados donde ocurren las agresiones

Durante su comparecencia, el funcionario solicitó a los legisladores incluir a esta fiscalía como parte de la estructura orgánica de la PGR, pues fue creada por acuerdo administrativo del Procurador.

Dijo que es necesario consolidar esta dependencia y pasar de un acuerdo administrativo a una ley, con lo que quedaría establecida la vía para que tenga asignado su presupuesto “y no quede sujeta a situaciones como las actuales, que si bien ha contado con el apoyo, a futuro no sabemos si podamos seguir contando con ello”.

En cuanto al trabajo de la Fiscalía, dio a conocer que de febrero de 2006 a junio de 2007, el 23 por ciento de los casos conocidos fueron agresiones relacionadas con el crimen organizado; el 20 por ciento de poderes municipales, estatales y, en ocasiones, federales y el resto se debe a agresiones de particulares, quienes consideran que el ejercicio indebido de la profesión periodística les está afectando.

Indicó que se han dado pasos importantes con la expedición de leyes para garantizar el acceso de los medios a la información, así como la derogación, en el Código Penal Federal, de los ilícitos de calumnias y difamación, “que esperemos que en poco tiempo los estados de la República eliminen de sus códigos”.

En la reunión, los legisladores destacaron la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre todos los órdenes de gobierno, organizaciones de derechos humanos y de periodistas, para enfrentar y erradicar las situaciones que ponen en peligro la integridad física de los comunicadores y las empresas para las que trabajan.

-- ooOoo --