Aprobó la Comisión de Salud el dictamen por el que se crea el certificado de nacimiento, cuyos objetivos son evitar el robo de infantes y contar con una base de datos confiable sobre el índice de mortalidad y natalidad en México, a propuesta del diputado Ector Ramírez Barba (PAN), presidente de este órgano legislativo.

Es necesario establecer legalmente el deber de los institutos estatales de salud de emitir un certificado de nacimiento (que compartirían a través de una base de datos nacional), el cual sería necesario para tramitar el Acta de Nacimiento y evitar así el tráfico de infantes, pues sería un documento que demostraría su registro legal, dijo el legislador.

“Utilizar este documento ayudaría a tener información estadística para la toma de decisiones en acciones de salud pública, además aumentaría la confiabilidad de indicadores para los programas sociales que se verían afectados con datos erróneos”.

Explicó que cada entidad federativa cuenta con una legislación en materia civil que contiene los lineamientos generales de las Actas de Nacimiento; sin embargo, advirtió, no existe uniformidad en el formato de las mismas.

En el artículo 55 del Código Civil Federal se establece la obligación de los padres, médicos o matronas que hubieren asistido al parto, de declarar el nacimiento ante el Registro Civil durante las primeras 24 horas siguientes al parto, situación que, evidentemente, no se cumple, observó.

No es omisión de los médicos sino de las parteras y padres que desconocen la obligación de realizar este trámite, lo que conlleva a que, en algunos estados, se presente un enorme porcentaje de registro extemporáneo o subregistros.

En el dictamen también se propone una definición de "nacido vivo" (para efectos del certificado), lo cual contribuirá a la unificación de criterios y un registro estadístico de epidemias, contribuyendo a una mejor cobertura de los servicios de salud, indicó.

Por lo anterior, el diputado Ramírez Barba propuso reformar los artículos 389 y 392 de la Ley General de Salud, además de adicionar los 389 bis y 389 Bis de la misma legislación, para establecer la vinculación del certificado de nacimiento con el acta respectiva que expidan las autoridades del Registro Civil.

Por otra parte, la Comisión de Salud también aprobó un dictamen por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal que instruya a las secretarías de Economía y de Salud y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que exijan que los envases de medicamentos lleven la leyenda "precio máximo al público", seguido del importe que corresponda.

Esto, se argumenta en el dictamen, es una obligación dispuesta en la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993; situación que obliga a la Profeco a realizar, de manera constante y eficaz, la inspección, vigilancia y sanción de los excesos injustificados en los precios de medicamentos.

El incremento en el precio de los medicamentos afecta a los consumidores que no son sujetos del régimen de seguridad social y a estas instituciones ya que están obligadas a proporcionar las medicinas, situación que se agrava por las irregularidades en que se incurre en algunas farmacias al cubrir con tinta negra el precio máximo al público y reetiquetarlo con un mayor incremento.

En el mismo exhorto también se solicita al Ejecutivo Federal que envíe a la Cámara de Diputados la lista de todos los medicamentos y sus precios máximos, con la finalidad de que sean publicados para que la gente los conozca y no se deje engañar en las farmacias.

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