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Boletín N°. 1429 Inicia Comisión de Hacienda análisis con empresarios sobre Reforma Fiscal

La Comisión de Hacienda y Crédito Público sostuvo su primer encuentro formal con representantes del sector empresarial para analizar el impacto de la aplicación de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), el Impuesto para Combatir la Informalidad (ICI) y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

Los representantes del sector empresarial se manifestaron en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal para aplicar la CETU, al argumentar que generaría una mayor carga fiscal y como consecuencia inhibiría la producción, afectaría la generación de empleos y ahuyentaría las inversiones del extranjero.

Ante las interrogantes del sector empresarial, los legisladores se pronunciaron por una revisión más detenida de la iniciativa y plantearon la necesidad de que la Secretaría de Hacienda responda de manera puntual las inquietudes que ésta genera.

Los diputados Jorge Alejandro Salum del Palacio (PAN) y Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), se manifestaron por extender el diálogo y la negociación en torno a la iniciativa de Reforma Fiscal del Ejecutivo.

En tanto, Antonio Soto Sánchez y Francisco Javier Calzada Vázquez (PRD), mencionaron que el gobierno federal tiene dificultades para sacar adelante su iniciativa porque presenta imprecisiones, y en este sentido, consideraron que deben aclarar varias interrogantes de los sectores productivos.

“No se podría aprobar ninguna Reforma Fiscal, del Ejecutivo o de los grupos parlamentarios, si no se demuestra, con números, que es viable para el crecimiento y desarrollo del país”, indicó Soto Sánchez.

La diputada Marina Arvizu (PASC) señaló que los impuestos tienen que ser equitativos, por lo que se pronunció a favor de aumentar la base gravable y fortalecer el federalismo, además de señalar la falta de una política fiscal que considere como eje central la redistribución de la riqueza.

El diputado Ramón Flores Domínguez (PAN), dijo que se deberá hacer un análisis al interior de las bancadas sobre la propuesta del Ejecutivo.

Al hacer uso de la palabra, María Teresa Igareda, representante de Prudencial Real Estate Investors, habló sobre el impacto negativo de dicho gravamen en el sector inmobiliario.

Afirmó que según el artículo 179 de la Ley del ISR, los fondos de pensiones extranjeros dedicados a esta actividad están exentos del gravamen y la CETU no contempla un tratamiento similar, lo que les traería una mayor carga fiscal y se traducirá en una doble tributación.

Por otra parte, agregó, sería difícil que las empresas estadounidenses que pagan impuestos en su país y en México puedan acreditar la CETU.

A su vez, Rodolfo León, de la Asociación de Organismos de Agricultura del Sur de Sonora, indicó que la CETU traerá muchas afectaciones para el sector agropecuario porque se elimina la reducción de impuestos que hay con la Ley del ISR y se anula la exención de 40 salarios mínimos que tienen las personas físicas en este sector.

Luz María del Carmen Guzmán, representante de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, se pronunció en contra del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, en particular al antigrafiti que sugiere un gravamen del 50 por ciento a la importación y comercialización de pinturas en aerosol.

Señaló que el impuesto no terminaría con las pintas en las calles porque eso se hace con producto robado y, por el contrario, afectaría a las empresas productoras; además, dijo, la medida obedece más al protocolo de Kyoto, firmado por nuestro país, que a una necesidad recaudatoria.

Manuel Tarriba, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Agrícolas de Sinaloa dijo que la CETU es injusta y anticonstitucional, porque los productores pagarían más que las utilidades que obtienen.

“Elagricultor no puede ser sujeto a este impuesto, porque elimina todos los beneficios fiscales actuales para el sector; no contempla la deducibilidad de la mano de obra ni de los gastos financieros, ni de los pagos por seguridad social”.

Pablo Limón, de la Cámara de Comercio de Canadá en México, señaló que esta organización ve con agrado las propuestas fiscales planteadas por el Ejecutivo, pues considera que se trata de una reforma integral que fomentará la inversión de empresas extranjeras en México. Sin embargo, advirtió, existe un problema: la CETU no permite la deducción de nómina de las empresas.

José Gómez Báez y Guillermo Rosales, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. (AMDA), se pronunciaron en contra de la CETU al considerar que hay confusión y falta de claridad en su articulado, además de que el impuesto no sería de control sino confiscatorio, sobre todo para empresas medianas y pequeñas.

Sobre la Ley del ISAN, hicieron énfasis en la inviabilidad de ésta y argumentaron que incentiva la permanencia en circulación de vehículos obsoletos y contaminantes, y en contraparte, obliga a un pago mayor a los vehículos nuevos. Ante esto, plantearon sustituir la legislación con la aplicación de un impuesto a la gasolina y modificar la metodología del cobro de la tenencia.

Por su parte, Francisco Espinosa de los Reyes, Antonio Sánchez y José Rafael Capo, representantes de las tabacaleras Phillip Morris y British American Tobacco, hicieron referencia al impuesto estatal al consumo de cigarros y plantearon la aplicación de una cuota única.

Consideraron que uno de los inconvenientes de la propuesta es que la aplicación de tasas diferenciadas en las entidades genera la migración del producto, complica la recaudación, provoca contrabando y la competencia desigual, además de que hace indispensable infraestructura adicional para la fiscalización.

En su oportunidad, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), Raúl Riquelme Cacho, dijo que la aplicación de la CETU limitará la inversión productiva de las empresas fabricantes, maquiladoras y de servicios, ya que no permitirá la deducibilidad de sueldos y prestaciones, así como la depreciación de activos fijos.

Héctor Díaz Durán, integrante de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, se pronunció a favor de la reforma, siempre y cuando se contemple a todos los contribuyentes, incluyendo a los informales. Asimismo, pidió se le dé total claridad a la aplicación de la CETU, a fin de dar certeza a todos los sectores involucrados.

Al dar respuesta a los cuestionamientos del sector empresarial, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda señalaron que el motivo de las reuniones es afinar las partes medulares de la iniciativa, en particular de la CETU y rechazaron que se trate de un impuesto confiscatorio.

Agregaron que la intención de la CETU es ampliar la base recaudatoria con una simplificación de las deducciones.

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