El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aceptó ante diputados de la Comisión de Hacienda y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es urgente una Reforma Fiscal; sin embargo, propuso corregir algunos puntos de la CETU para evitar un efecto negativo en el empleo y la inversión.

Entre otros, planteó una reducción de la tasa impositiva para fijarla en 12 por ciento, además de que exhortó a los legisladores a realizar modificaciones a los impuestos sobre el consumo.

De igual forma, sugirió deducir los salarios, los impuestos locales sobre éstos y las contribuciones sociales como el Seguro Social, Infonavit y SAR, a fin de fomentar el empleo, la inversión y un mayor crecimiento económico.

Al respecto, el diputado Manuel Minjares (PAN) manifestó que las propuestas, observaciones y advertencias de los sectores productivos vulneran y aniquilan la iniciativa del Ejecutivo.

En este sentido, pidió al Consejo Coordinador Empresarial desechar los temores y considerar que la propuesta de Reforma Fiscal busca cubrir un déficit de tres puntos porcentuales del PIB en la recaudación para finales del sexenio.

Advirtió que bajo las circunstancias planteadas sólo quedarían tres caminos: uno, hacer reformas a los impuestos al consumo, lo que no se puede hacer porque no hay condiciones, toda vez que el mandato de la población rechaza aumentar el IVA.

Otro, añadió, es aprobar la propuesta del PRD y la última, “esperar a que venga una crisis provocada por el déficit de más de 300 mil millones de pesos, en donde la medicina sería mucho más dolorosa”.

Por su parte, los diputados del PRD, Juan Guerra Ochoa, Tonatiuh Bravo Padilla y Pablo Trejo Pérez, coincidieron que antes de proponer modificaciones al impuesto al consumo se debe redefinir el ISR, porque la mayoría de los países obtienen su mayor recaudación de este gravamen.

Asimismo, el diputado Alberto Amador Leal (PRI) añadió que un tema poco tratado pero que debe ser puesto a debate es el de las estructuras administrativas, ya que los gobiernos Federal, estatal y municipal triplican el trabajo en materia fiscal.

Juan Manuel Pérez Porrúa, Jefe de la Unidad Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, señaló a su vez que la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial para reducir la tasa de la CETU a un 12 por ciento es inviable porque no permite la recaudación que se requiere.

Previo a ello, Oscar Fich, a nombre del CCE, pidió a los legisladores reconocer las inversiones existentes al 31 de diciembre de 2007 para evitar distorsiones en el periodo de transición y establecer la CETU como un impuesto mínimo y no máximo, lo que asegurará su neutralidad.

Asimismo, planteó impulsar la acreditación de dicho gravamen a los inversionistas extranjeros, lo que permitiría una mayor inversión y competitividad económica, además de que destacó que se deben evitar a toda costa los tratamientos de excepción que complican la operación y administración tributaria.

Por lo que respecta al Impuesto Contra la Informalidad (ICI), el sector empresarial aseveró que es necesario permitir su acreditación universal y garantizar su neutralidad para quienes ya pagan sus contribuciones.

Oscar Fich aceptó que la Reforma Hacendaria es una medida obligatoria para consolidar la estabilidad económica, propagar un ritmo más dinámico y sostenible de crecimiento e impulsar la competitividad que permita atender las demandas sociales.

Sin embargo, dijo, la coexistencia del ISR y la CETU no abona en ese sentido, por lo que consideró quese debe sustituir al Impuesto Sobre la Renta en un plazo no mayor de tres años a fin de contar con un solo sistema impositivo de tasa única.

Concluyó que una reforma que no tenga entre sus principales objetivos la asignación creciente de recursos públicos para combatir eficazmente la pobreza, se quedará corta y resultará en un esfuerzo infructuoso.

Agregó que la simplificación en el pago de impuestos es un reclamo de pequeñas, medianas y grandes empresas.

A su vez, Marco Antonio Michel Díaz, representante de la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval) aseguró que con la CETU dejarían de ser deducibles las prestaciones sociales que otorgan las empresas. En el caso de los vales se verían afectados nueve millones de trabajadores, por lo que propuso que este beneficio permanezca exento de este impuesto.

En el mismo tenor se manifestaron los representantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo y Gasolineras Unidas de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Rosendo Valles, de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), admitió que el país requiere de una Reforma Fiscal que amplié la base recaudatoria y simplifique los trámites, sin embargo, coincidió en que la CETU no debe ser mayor al 12 por ciento ya que puede fomentar robo, contrabando y piratería de productos.

Por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), Pedro Guillén, indicó que la propuesta del Ejecutivo es compleja y consideró que México necesita un sistema fiscal simple, que incremente la recaudación y mejore la transparencia.

En tanto, Alberto Espinosa y Rodrigo Troconis Trens, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), señalaronque la CETU debe ser corregida e insistieron en que la tasa debe disminuir al 12 por ciento.

Miguel Ángel García Paredes, director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), precisó que se debe construir una reforma que genere mayores recursos y brinde mejor gasto público. Abundó que es necesario que el sector agrícola conserve las facilidades administrativas con las que cuenta.

La Asociación de Banqueros de México, por medio de Alejandro Santoyo, pidió revisar detenidamente la CETU, ya que en la compra de divisas, fideicomisos, margen de intermediación financiera y venta de acciones, el proceso no es muy claro.

Asimismo, Roberto Lazo de la Vega, de la Asociación Mexicanade Instituciones de Seguros, manifestó que es necesario que se reduzca la CETU, pero ante todo se ponga mayor atención a la deducibilidad en los seguros, porque a largo plazo representará el encarecimiento del sistema de asegurados.

Augusto Fernández, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), señaló su desacuerdo en que la CETU, siendo un impuesto empresarial también grava a personas físicas.

Rodolfo García, integrante de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), estableció la posibilidad de que las inversiones realizadas en centros comerciales sean deducibles, en caso de ser considerados activos intangibles.

Raúl Rodríguez Márquez, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), compartió la urgencia del Consejo Coordinador Empresarial para elaborar una Reforma Fiscal acorde a las nuevas necesidades, que contemple la deducción de los salarios y las contribuciones sociales.

Pedro Salcedo García, de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios coincidió con la cúpula empresarial en cuanto a que las modificaciones tienen que hacerse paulatinamente. Pidió incorporar a los comerciantes informales y hacer que las aduanas cumplan con la ley para detener el contrabando.

“De aprobarse la CETU como la envía el Ejecutivo, se pone en riesgo al 60 por ciento de los cuatro millones de contribuyentes de las pequeñas y medianas empresas, que podrían desaparecer o incorporarse a la economía informal”.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se pronunció de igual forma en contra de la aplicación en sus términos de la CETU y propuso buscar otras alternativas.

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